El plan contempla aumentar la capacidad de producción de carbonato de litio de 28.500 a 38.000 toneladas anuales, un salto de 9.500 toneladas por año. Según el cronograma aprobado, las obras se extenderán hasta noviembre de 2026, aunque la operación comercial comenzaría en julio. La inversión total declarada asciende a 251 millones de dólares, con un compromiso de que el 60% de los desembolsos se destinen a proveedores locales. Durante el primer año, la firma invertirá más de 92 millones, superando el mínimo exigido por la normativa.
La noticia resuena con fuerza en Mendoza, donde Río Tinto fue protagonista de uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la provincia:Potasio Río Colorado, en Malargüe. La compañía operó allí hasta 2009, cuando decidió vender el emprendimiento a la brasileña Vale. Aquella salida dejó una huella profunda en la política y la economía mendocina, y marcó el inicio de un largo período de desencuentros entre la minería y la sociedad local. Hoy, el regreso de Río Tinto bajo el RIGI abre un nuevo capítulo, aunque no en Mendoza, sino en el norte argentino.
Mientras en Catamarca la empresa avanza con un proyecto de litio estratégico, en Mendoza no tiene operaciones activas. Sin embargo, la compañía ha manifestado interés en reinvertir en la provincia, atraída por las reformas económicas recientes y el nuevo clima de negocios. Aunque no hay proyectos concretos en marcha, la posibilidad de que Río Tinto vuelva a pisar suelo mendocino despierta expectativas en el oficialismo mendocino.
La estrategia nacional de la minera se concentra en el litio del NOA. Tras adquirir Arcadium Lithium, consolidó su liderazgo en Jujuy, Salta y Catamarca. Además, se convirtió en accionista de McEwen Copper, operadora del proyecto Los Azules en San Juan, lo que vincula sus intereses a toda la región andina.
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Río Tinto se convirtió en accionista de McEwen Copper, operadora del proyecto Los Azules en San Juan.
El RIGI como señal política
El ingreso de Minera del Altiplano al RIGI no solo representa una inversión millonaria, sino también un gesto político. El régimen fue diseñado para atraer capitales de gran escala, ofreciendo beneficios fiscales y garantías de estabilidad. Que una multinacional como Río Tinto se sume, después de haber abandonado Mendoza, es una señal de confianza en el nuevo marco. Al mismo tiempo, plantea un dilema: ¿qué significa para las provincias que se resisten a la minería ver cómo los capitales se instalan en territorios vecinos?
Conflicto ambiental y el aval de la Corte de Catamarca
La Corte de Justicia de Catamarca resolvió días atrás suspender el amparo que impedía nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, una zona estratégica dentro del Triángulo del Litio. La medida había sido dictada para proteger la subcuenca del Río Los Patos, luego de comprobarse que otro río de la región se había secado tras más de quince años de explotación minera. Con esta decisión, el tribunal despeja el camino para que grandes compañías continúen con la extracción de litio, apoyándose en un estudio oficial que nunca fue difundido públicamente.
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La votación fue dividida: cinco jueces avalaron el Estudio de Gestión e Impacto Acumulativo (EGIA) presentado por el gobierno provincial, que concluyó que la actividad minera no generó daños ambientales. Sin embargo, dos magistrados disintieron, al considerar que dicho informe no era concluyente ni suficiente para levantar la cautelar. Este fallo habilita al gobierno provincial a otorgar nuevos permisos de exploración, pese a las objeciones de comunidades originarias que reclaman participación y consulta en las decisiones que afectan su territorio.
La resistencia de comunidades originarias
El conflicto judicial se remonta a 2021, cuando el cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, Román Guitián, presentó un amparo contra los proyectos “Ampliación de Proyecto Fénix” y “Sal de Vida”, operados por Livent y Galaxy Lithium, hoy bajo el control de la británica Rio Tinto. La denuncia señalaba que la provincia había autorizado las explotaciones sin garantizar audiencias públicas ni evaluaciones ambientales interjurisdiccionales, y sin respetar el derecho de consulta de las comunidades. Además, advertía sobre la extracción de agua dulce de los ríos de la zona y el daño irreversible en el Río Trapiche.
Ese daño fue reconocido por la propia empresa Livent en su reporte de 2022 y por las autoridades provinciales, que desde 2020 trabajan en la “reparación ambiental” de la vega afectada. Las tareas incluyen la implantación de especies autóctonas y mejoras en el riego, aunque hasta marzo de 2026 solo se ha logrado revegetar el 19% de las más de 13 hectáreas intervenidas. El caso refleja la tensión entre el desarrollo minero impulsado por la demanda global de litio y la defensa de los recursos hídricos y derechos de las comunidades locales.
