La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció una agresión militar en Caracas y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira, que habría causado la muerte de civiles. En su mensaje, exigió al gobierno de Estados Unidos prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, cuyo paradero se desconoce tras los ataques.
Defensa nacional de Venezuela, activada
Según la funcionaria, Maduro había advertido previamente al pueblo sobre la posibilidad de una ofensiva de esta naturaleza. Ante la emergencia, se activó la defensa nacional bajo las órdenes del mandatario. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la milicia y los cuerpos de seguridad ciudadana, fueron instruidos para actuar en “perfecta fusión policial, militar y cívico-militar”.
El legado de Bolívar
En su discurso, la vicepresidenta apeló al legado histórico de Simón Bolívar y subrayó que “nadie vulnerará el derecho de Venezuela a su independencia, a su futuro y a ser una nación libre sin tutelajes externos”. Con voz firme, sentenció: “Nunca seremos esclavos. Somos hijos e hijas de Bolívar”.
Caracas, epicentro del ataque
El llamado busca movilizar a todas las fuerzas sociales para impedir lo que el gobierno considera un intento de intervención armada. Mientras tanto, la calma aparente en las calles contrasta con la gravedad de las acusaciones: la soberanía y la paz del país, asegura la vicepresidenta, han sido vulneradas y vidas inocentes se han perdido.
Caracas reiteró la exigencia de prueba de vida inmediata de Maduro y Flores al presidente estadounidense Donald Trump, recordando que el mandatario venezolano ya había advertido sobre la capacidad de ciertos actores para “cruzar líneas rojas” y amenazar la integridad territorial del país.
Condenas internacionales
La denuncia se enmarca en lo que el gobierno venezolano califica como una estrategia de desestabilización regional. Organizaciones internacionales como la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) y Answer Coalition se sumaron a las condenas, calificando los hechos como “un crimen contra la paz” y una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Ambas instancias hicieron un llamado a la solidaridad global frente a lo que consideran una “guerra colonial por el petróleo venezolano”.