A cinco años de la ley para eliminar las equiparaciones a magistrados, hay una veintena de funcionarios que cobran como jueces. La Suprema Corte no resuelve.
"Luego de conocer que una Secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías", dijo el ex gobernador Rodolfo Suárez en marzo del 2020 sobre casos de equiparados a magistrados.
Acto seguido, mandó una ley para eliminar las equiparaciones. Este beneficio le permitía a Elizabeth Carbajal cobrar el monto el que hacía referencia el mandatario provincial. De acuerdo a los cálculos de ese entonces, eran 80 los funcionarios con esa equiparación que serían alcanzados. Más de 20 judicializaron la normativa, se le dio lugar a una medida cautelar que suspendió el pleito y a cinco años, sigue sin resolverse.
La Suprema Corte de Justicia es la que debe resolver una causa que se generó en sus propias entrañas pero con otros integrantes. Jorge Nanclares, ex titular del máximo tribunal fue quien pagó el costo mediático cuando se ventilaron los sueldos de esos funcionarios que, a diferencias de los magistrados, no rinden en el Consejo de la Magistratura, no tienen esas responsabilidad ni pueden ser sometidos a un Jury de Enjuiciamiento.
La Legislatura sancionó, en mayo del 2020, la ley para terminar con las equiparaciones a magistrados después de la indignación de Suárez. No tenía muchos artículos, pero algunos son importantes.
El primero, decía específicamente: "Establécese que ningún acto administrativo o disposición podrá equiparar mecanismos de retribución por funciones y/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria".
Y el tercero, contenía el enojo de otros equiparados pero que, como decían en los pasillos judiciales, "son los que laburan para los magistrados". Entre ellos estaban, por ejemplo, los secretarios relatores, que trabajan con los ministros de la Suprema Corte, entre otros funcionarios que quedaron exceptuados de la ley.
"Suprímanse todos los cargos de funcionarios equiparados a magistrados existentes en la planta de personal de las unidades organizativas que conforman el Poder Judicial de la Provincia, con excepción sólo de aquellos que han sido cubiertos o asignados para el desempeño de las categorías incluidas en Planilla Anexa N° 2-A de la Ley N° 4322, y siempre que se hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1 de febrero de 2020", dice parte del articulado.
La normativa establecía también la creación de un gabinete de la Suprema Corte de Justicia. "Este personal temporario cesará en sus funciones al término del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en cuyo gabinete se desempeñe", dice la ley.
A poco de sancionarse la ley y ser promulgada, varios equiparados a magistrados que no estaban exceptuados, fueron a la justicia a reclamar por sus derechos. Pedían la inconstitucionalidad del primer artículo de la norma, por eso se implementa en parte, como por ejemplo el gabinete que depende del titular del máximo tribunal.
Los reclamos vinieron de las tres unidades del Poder Judicial: la mayoría eran de la Suprema Corte, pero también reclamaron algunos del Ministerio Público Fiscal y uno solo del Ministerio de la Defensa.
Además de ese cuestionamiento de fondo, que entró por la entonces Sala Segunda de la Suprema Corte, que integraban Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, metieron una medida cautelar. Los dos ministros filoperonistas avalaron la acción y suspendieron la implementación, lo que les permitió a los demandantes, a seguir percibiendo sus salarios. Incluso, dos funcionarias se jubilaron: Mónica González, ex administradora General del Poder Judicial y Beatriz Fanny Naves, ex coordinadora provincial del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.
Sin embargo los expedientes fueron al pleno de la Suprema Corte de Justicia donde están hasta ahora. Lo cierto es que la situación, cada tanto, es recordada por los medios de comunicación, porque dentro del máximo tribunal no es un tema prioritario ni mucho menos. De hecho, agita aguas por los equiparados con los que tienen cercanía algunos supremos.
El gobernador Alfredo Cornejo trató de apurar la resolución. Dentro del Poder Judicial, entre empleados, el caso de los equiparados genera ira porque cada paritaria es muy tensa mientras los beneficiados por las acordadas de los ministros de la Corte siguen cobrando millones gracias a que no se resuelve la cuestión de fondo.
En mayo del 2024, vía el Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, se presentó una solicitud para que se realicen los actos útiles que tenían la intención de resolver el futuro del grupo de equiparados que judicializaron la normativa. Uno de los puntos clave era determinar cómo se iba a integrar el el tribunal ya que algunos jueces de la Corte, como Pedro Llorente, se habían excusado de resolver por haber sido ellos quienes estamparon la firma en las acordadas que le dieron categoría salarial de jueces a quienes no lo son. Con la jubilación del sanrafaelino y el ingreso de Norma Llatser, se saneó el tema.
El salario de Carbajal expuso, hace tiempo, que la funcionaria cobraba más que algunos ministros de la Suprema Corte. Algunos juran que esa brecha aun existe. La secretaria que fue beneficiada por Nanclares y Palermo no rindió en el Consejo de la Magistratura, no está sujeta al jury y casi nadie, fuera del Poder Judicial, le conoce la cara. Los mismo se replica a varios casos.
Enganchados a los incrementos de los magistrados, los $406.818 de Elizabeth Carbajal allá por el 2020, fueron en la misma sintonía, y a ese monto se le agregaron dos ceros más en 5 años: $11.776.949,34 es lo que cobró en mano en febrero de este año según datos de la Suprema Corte de Justicia ante un pedido de información pública que hizo ElEditor.
La brecha existe porque tanto Carbajal como otros funcionarios, judicializaron la ley y la cautelar les permitió mantener los esquemas salariales que tenían hasta ese momento.
Otro de los casos nombrados en aquel entonces era el de Carlos Quiroga Nanclares, secretario de Gestión y Control, y sobrino del ex presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares. Su salario es de $9.894.291,98 y está lejos del poder que ejercía hace años atrás. Le decían, en Tribunales, "el octavo juez de la Corte".
El área de Derechos Humanos, con cercanía al ministro Omar Palermo, tiene a todos los cargos con equiparaciones a magistrados dado que así se concursaron esos cargos:
María Milagros Noli, Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la justicia, cobró en febrero $6.563.827,86; Cristóbal López Maida, Subdirector de Niñez y Adolescencia, percibió $6.889.327,20; Romina Cucchi, Sub Directora de Ejecución Penal, $6.562.864,66. El cargo de subdirectora de Derechos Humanos, que ocupaba Eleonora Lamm, había quedado vacante pero desembarcó Federico Montero, hermano del ministro de Salud, Rodolfo Montero quien luego llegó a la justicia provincial del este.
Hay otros cargos jerárquicos con sueldos equiparados a magistrados. Es el caso Gustavo Abaca, Director de Contabilidad y Finanzas que en febrero, según los datos brindados, cobró $9.488.717,27; Silvia Cataldo, subdirectora Interino de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, recibió $6.208.898,95.
Mario Jesús Cano, Director de Informática, tiene un sueldo mensual cercano a los $9.488.717,27. Una situación similar se da con Hugo César Correas, el Director de Recursos Humanos, que cobró $9.890.113,90 el segundo mes del año.
El único que resiste el embate de la ley en el Ministerio de la Defensa es Juan Manuel Lima, a cargo de la Oficina de Jurisprudencia, que en febrero cobró $7.810.609,21.
Beatriz Elena Chávez, Inspectora del Ministerio Público Fiscal; Sandra Canese, Inspectora y Delegada de la Procuración General en la Cuarta Circunscripción; Jorge Frigerio, Administrador Financiero del Ministerio Público Fiscal; Alfredo Eduardo Clavel, Inspector en el Ministerio Público Fiscal; Jorge Rubio, Inspector del Ministerio Público Fiscal; Mario Alberto Gabriele, (delegado de la Procuración General e Inspector) y Alberto Luis Tonelli (Delegado del Procurador en la tercera Circunscripción). También había judicializado el tema el director del Centro de Capacitación, Gerardo González (hijo del ex Procurador, Rodolfo González).
Sin embargo, ante la solicitud de este medio, la respuesta textual del Ministerio Público Fiscal fue: "Al respecto, se informa que de conformidad con lo previsto en la Constitución de Mendoza, en la Ley N° 552 y en la Ley N° 8.008 y sus respectivas modificatorias, la función de este Ministerio Público Fiscal al intervenir en causas judiciales ante la Suprema Corte de Justicia y/o ante los Tribunales Provinciales, se encuentra establecida en las leyes respectivas -según la materia de que se trate resultando ajeno al ámbito de su competencia y actuación, el registro de personas que hubieren controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes.
"En tal sentido, no es posible otorgar la información solicitada, por no encontrarse la misma -en la órbita del Ministerio Público Fiscal procesada o clasificada del modo en que se pretende su acceso", indicaron.
Muchos se preguntan por qué el máximo tribunal deja dormir, hace tanto tiempo, un caso caliente que todos los años es motivo de notas periodísticas por los altos sueldos que cobran funcionarios, gracias a la inacción judicial. En tiempos del 4 a 3 radical, había dudas sobre la postura de José Valerio porque el magistrado ya mostraba diferencias.
Dalmiro Garay, Teresa Day y Pedro Llorente primero, pero ahora Norma Llatser, se inclinan por rechazar la inconstitucionalidad de la ley y asegurar que los equiparados no tienen razón en sus planteos, lo que podría impactar en sus sueldos. Del otro lado, Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez opinan lo contrario.
"Esa causa ahora está terminándose. La han impulsado hace unos meses y se está terminando la integración, porque había ministros que se habían excusado y hay una reposición. La vamos avanzando", le dijo Dalmiro Garay a Los Andes hace un mes atrás.
No había certezas en cuanto a los votos y luego de la reelección de Garay, que tuvo los apoyos de Palermo y Gómez, algunos siembran dudas sobre esa resolución. "¿Vos pensás que va a tocar a los equiparados, que los de Derechos Humanos les responden a Palermo, después de que le dio un voto clave para la presidencia? Ver para creer", dijo un importante magistrado abriendo signos de interrogación.