Cornejo y sus pares de Chubut y de Santa Cruz se presentaron como querellantes para que se investigue si fue ilegal el ingreso de los Eskenazi en YPF en 2007.
Alfredo Cornejo y sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentaron este lunes una acción penal en Comodoro Py para investigar la compra de acciones de YPF por el Grupo Petersen en diciembre de 2007. Mientras ocurría el hecho, debutaba en el poder el binomio Cristina Fernández de Kirchner - Julio Cobos, que lo tuvo a Cornejo entre sus gestores indispensables, siendo el principal operador político del vicepresidente.
La movida se activó en el sprint final de la carrera hacia los comicios legislativos de medio término. El mandatario mendocino, ahora socio electoral de Javier Milei, y sus pares enrolados en Provincias Unidas, atribuyen a las "malas gestiones kirchneristas" el multimillonario litigio que enfrenta el Estado argentino con un fondo buitre, derivado de la operación en cuestión.
Cornejo, actualmente subordinado a la gestión y a la estrategia electoral de los Milei, se sumó a la denuncia contra una supuesta intervención gubernamental para forzar el ingreso de la familia Eskenazi en la petrolera, una operación que sentó las bases para la demanda del fondo buitre. La presentación judicial tiene como objetivo final suspender la acción civil en Estados Unidos hasta que se resuelva la causa penal en Argentina.
La compra del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, ocurrió en diciembre de 2007. Este momento coincidió con un cambio de mando en el Poder Ejecutivo Nacional:
El 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia de la Nación, sucediendo a su esposo, Néstor Kirchner.
En ese momento, el Vicepresidente de la Nación que asumió junto a Cristina Kirchner fue el radical Julio Cobos. El actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, era una figura política clave y el principal operador político de Cobos. La denuncia de Cornejo, por lo tanto, se dirige a un acuerdo empresarial y una intervención gubernamental que se concretó mientras él y su referente político más cercano asumían un rol central en el gobierno nacional.
La operación Eskenazi-Repsol siempre fue vista con sospecha debido a la fórmula financiera con la que el Grupo Petersen se hizo con las acciones: fue apalancándose en futuros dividendos de YPF (es decir, sin poner capital propio al inicio), lo que muchos interpretaron como un sello de la venia o impulso del gobierno de turno (el kirchnerismo). Sin embargo en ese momento Cobos y Cornejo eran aliados del kirchnerismo. No hubo denuncias ni declaraciones contra la movida empresarial.
Los gobernadores, en particular el de Chubut, Ignacio Torres, han detallado cómo la operación de 2007 es el origen directo del conflicto actual:
Violación del Estatuto: el estatuto de YPF establecía que si alguien compraba más del 15% de la empresa, debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones a todos los accionistas minoritarios, algo que no ocurrió con la compra del 25% por parte del Grupo Petersen.
Expropiación de 2012: en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se expropió el 51% de las acciones de YPF a Repsol (que para entonces aún tenía el 57%) y otros accionistas.
Venta del Derecho de Litigio: tras la expropiación, el Grupo Petersen (que ya había entrado en quiebra) vendió su derecho a litigar contra la República Argentina. Este derecho fue adquirido por el fondo de inversión Burford Capital.
Sentencia en EE.UU.: Burford Capital demandó a Argentina en Nueva York, basándose precisamente en la violación del artículo 7° del Estatuto de YPF (la falta de OPA) durante el ingreso de Eskenazi en 2007. La jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes, ordenando al país pagar $16.000 millones de dólares más intereses y, en una orden posterior, la entrega del 51% de las acciones de YPF.
Para los gobernadores, la operación "amañada" que permitió el ingreso de Eskenazi, que luego vendió el derecho a juicio, es la "consecuencia directa de la gestión irresponsable del kirchnerismo". Torres incluso afirmó que "ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió", incluido el millonario fallo de Preska.
La presentación de Cornejo, Torres y Vidal no solo es en el fuero penal argentino, sino que se ha complementado con un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Esta acción busca defender la participación accionaria de las provincias en YPF y se basa en dos argumentos principales:
Las provincias son socias: Las provincias petroleras son accionistas de YPF y el fallo de Preska no lo contempla adecuadamente.
Embargo impropio: Argumentan que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado (el Estado Argentino), no a las provincias socias.
El reclamo subraya que el 49% del 51% de las acciones expropiadas en 2012 son, de hecho, propiedad de las provincias productoras de petróleo, y no solo del Estado Nacional. La acción conjunta de los gobernadores busca defender la soberanía y los recursos provinciales ante un embargo que, según Cornejo, "compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias".