- La Justicia de Bahía Blanca condenó a 31 imputados vinculados al V Cuerpo de Ejército
- Fueron acusados por delitos cometidos durante la última dictadura
La Justicia de Bahía Blanca condenó a 31 imputados vinculados al V Cuerpo de Ejército.
La Megacausa Zona V concluyó con 16 condenas a prisión perpetua y otras 15 penas de hasta 20 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que juzgó a 31 imputados por delitos perpetrados en la región bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército, en perjuicio de 333 víctimas.
El juicio oral y público se inició en febrero de 2022 y abordó una extensa trama represiva desplegada entre 1976 y 1983, que incluyó privaciones ilegales de la libertad, tormentos, torturas, homicidios, abusos sexuales, allanamientos ilegales y sustracción de menores, entre otros delitos.
Según se probó durante el debate, los hechos ocurrieron en centros clandestinos de detención y dependencias militares y policiales que funcionaron como engranajes del plan sistemático de represión ilegal implementado por el Estado argentino durante la dictadura.
De los imputados que llegaron al veredicto, 16 fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros 15 recibieron penas de entre 7 y más de 20 años de prisión, de acuerdo con su grado de responsabilidad. El tribunal también dictó una absolución.
Además de las penas, la sentencia incluyó una medida de reparación simbólica, al ordenar que el diario La Nueva Provincia publique una rectificación de informaciones falsas o estigmatizantes difundidas durante la dictadura sobre algunas de las víctimas del terrorismo de Estado.
La fiscalía y los organismos de derechos humanos destacaron la relevancia del fallo, al considerar que reafirma el compromiso del Estado argentino con la verdad, la memoria y la justicia, a casi cinco décadas de los crímenes juzgados.
La Megacausa Zona V se suma así a los juicios históricos por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país, consolidando el proceso de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado y el reconocimiento judicial de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.