El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino "Las Casitas" y condenó a ex represores a penas de hasta 11 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El juicio concluyó con cinco condenados, dos absueltos y seis imputados que fallecieron antes de llegar a juicio.
Fueron condenados cinco ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad por delitos tales como privación ilegítima de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y vejaciones contra 23 víctimas:
- Raúl Pantaleón Cruz (ex militar): 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua
- Mario Enrique Pérez (ex policía): 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua
- Francisco Olegario Sevilla (ex policía): 6 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua
- Alfredo Pablo Lisseri (ex prefecto): 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial
- Eduardo Rodríguez (ex militar): 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial
Por otra parte, hubo dos imputados, un ex militar y un ex policía, fueron absueltos, y otros seis acusados que estaban imputados fallecieron antes del juicio.
El tribunal calificó estos hechos como delitos de lesa humanidad y ordenó la preservación del lugar como Sitio de Memoria conforme a la ley. Los fundamentos del fallo serán leídos el 13 de febrero de 2026.
El centro clandestino de detención conocido como "Las Casitas" funcionó durante la última dictadura cívico-militar en el predio del Regimiento de Infantería 8 "General O’Higgins", en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Allí permanecieron secuestradas personas que fueron sometidas a privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y otros tratos crueles, en el marco del plan sistemático de represión ilegal desplegado por el Estado entre 1976 y 1983.
El juicio por los crímenes cometidos en ese lugar se inscribe dentro del proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad reabierto en Argentina a partir de 2003, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Desde entonces, tribunales federales de todo el país avanzan en la investigación y condena de responsables del aparato represivo, con el objetivo de garantizar verdad, memoria y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.