La denuncia se radicó en 2018.

Caso Cristo Orante: la Suprema Corte ordenó que los monjes acusados de abuso enfrenten un juicio oral

- La Suprema Corte anuló el sobreseimiento de los monjes Diego Moreno y Oscar Portillo por la denuncia de abusos de un exaspirante al monasterio Cristo Orante

El Editor Mendoza | ElEditor Mendoza
Por ElEditor Mendoza
10 de marzo de 2026 - 19:55

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló el sobreseimiento que había beneficiado a los monjes Diego Roqué Moreno y Oscar Portillo y ordenó que ambos enfrenten un juicio penal oral por la denuncia de abusos presentada por un exaspirante al monasterio Cristo Orante, ubicado en Gualtallary, Tupungato.

El fallo del máximo tribunal provincial revierte la decisión que había sido tomada por la Justicia en 2022, cuando se resolvió cerrar la investigación al considerar que no había pruebas suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, la Corte concluyó que existían elementos que no fueron evaluados correctamente y que el caso debe ser analizado en un debate oral y público.

La resolución fue firmada por los ministros Mario Adaro y José Valerio, quienes consideraron que durante las instancias anteriores se realizó una valoración errónea y parcial de las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas testimonios y pericias psicológicas vinculadas a la credibilidad del denunciante.

La denuncia

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Nicolás Bustos, quien aseguró haber sufrido abusos sexuales y psicológicos mientras formaba parte de la comunidad religiosa.

Según su relato, ingresó al monasterio Cristo Orante en 2009, cuando tenía 17 años, y permaneció allí durante varios años. Durante ese período, según denunció, habría sido víctima de abusos por parte de los religiosos en un contexto de manipulación espiritual y psicológica.

monaterio
Nicolás Bustos / Foto Los Andes

Nicolás Bustos / Foto Los Andes

Tras abandonar la comunidad en 2015, Bustos realizó una primera denuncia interna ante el Arzobispado de Mendoza. Al no obtener una respuesta que considerara satisfactoria, en 2018 decidió radicar la denuncia penal ante la Justicia mendocina.

A partir de esa presentación se inició la investigación judicial, que derivó en la imputación de los dos monjes por delitos contra la integridad sexual.

El impacto en la Iglesia

El caso tuvo fuerte repercusión dentro de la Iglesia católica mendocina. En 2019, el entonces arzobispo Marcelo Colombo dispuso el cierre preventivo del monasterio Cristo Orante, mientras avanzaban las investigaciones judiciales y los procesos internos de la institución.

monasterio cristo orante
Monasterio Cristo Orante.

Monasterio Cristo Orante.

Posteriormente, en 2021, el monasterio fue cerrado de forma definitiva. En paralelo, la Iglesia llevó adelante un proceso canónico que derivó en sanciones disciplinarias para los religiosos.

El sobreseimiento que fue anulado

En septiembre de 2022, el juez Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de Roqué Moreno y Portillo, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal.

La fiscal Eugenia Gómez apeló esa decisión, pero en diciembre de ese mismo año el juez de Cámara Diego Lusverti confirmó el fallo. Frente a esa resolución, tanto la fiscalía como la querella recurrieron a la Suprema Corte de Mendoza.

Tras revisar el expediente, el máximo tribunal provincial concluyó que el análisis realizado en las instancias anteriores fue incompleto y que el cierre de la causa no estaba debidamente justificado.

Qué pasará ahora

Con la decisión de la Suprema Corte, la causa deberá regresar a la instancia penal correspondiente para avanzar hacia la elevación a juicio y la fijación de fecha para el debate oral, donde se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación.

En paralelo, continúa tramitando una demanda civil por daños y perjuicios iniciada por el denunciante contra los monjes y el Arzobispado de Mendoza.

Mientras la causa avanza hacia esa nueva etapa judicial, el monasterio Cristo Orante permanece cerrado desde 2021, a la espera de que la Justicia determine en un juicio oral si los religiosos son responsables de los hechos denunciados.

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