El juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Fundamentó esta decisión en la premisa de que la exfiscal incurrió en un encubrimiento agravado.
-El juez Ercolini procesó a Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa Nisman
-La ex fiscal fue embargada por no preservar la escena del homicidio
Causa Nisman: procesaron a Viviana Fein por encubrimiento agravado y negligencia
El juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Fundamentó esta decisión en la premisa de que la exfiscal incurrió en un encubrimiento agravado.
Según la Justicia, la fiscal omitió los protocolos básicos de preservación de la escena del crimen en el departamento de Puerto Madero durante aquellas horas críticas de enero de 2015.
La resolución judicial sostiene que Fein permitió la alteración del lugar del hecho, lo que derivó en una pérdida irreparable de pruebas biológicas y tecnológicas que resultaban fundamentales para el esclarecimiento del caso.
Según el magistrado, el accionar de la entonces fiscal entorpeció de manera directa la recolección de evidencias en un momento trascendental, facilitando la contaminación de un ambiente que la justicia argentina ya define oficialmente como el escenario de un homicidio.
Esta medida incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de Fein y se alinea con la hipótesis del fiscal Eduardo Taiano, quien sostiene que estas omisiones no fueron errores involuntarios de una fiscal jubilada, sino una cadena de negligencias que afectaron el origen mismo de la instrucción.
El fallo resalta que el incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por parte de Fein generó un perjuicio grave a la búsqueda de la verdad, consolidando la sospecha de que la escena fue manipulada para desviar la investigación inicial.
A nivel político y jurídico, el procesamiento refuerza la tesis de que el titular de la UFI AMIA fue ejecutado como consecuencia de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Con esta resolución, el Poder Judicial pone el foco en la responsabilidad de quienes debían custodiar las pruebas del crimen más impactante de la historia reciente del país, señalando que la impunidad comenzó a construirse desde el mismo instante en que se traspasaron las puertas del complejo Le Parc sin los resguardos legales correspondientes.