Contrabando de granos en Mendoza: desmantelan un negocio de 30 millones de dólares

Una investigación por contrabando de granos en Mendoza puso bajo la lupa operaciones de exportación por al menos US$30 millones y derivó en más de 40 allanamientos, citaciones a 33 personas y 11 empresas, además de una serie de medidas para evitar que los bienes vinculados al caso sean ocultados o transferidos.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, y busca determinar cómo funcionaba una estructura que habría utilizado empresas insolventes y apócrifas para exportar granos con precios declarados por debajo de los valores reales.

Entre las medidas ordenadas se encuentran el congelamiento de 55 cuentas bancarias y productos financieros, el embargo preventivo y la prohibición de modificar la situación de 31 vehículos, y el embargo de dos propiedades ubicadas en el exterior. Las medidas alcanzan a 14 personas y nueve empresas.

La razón es sencilla: la Justicia busca evitar que los investigados se desprendan de bienes que eventualmente podrían ser utilizados para responder por multas, decomisos y otros efectos económicos de la causa. El objetivo es preservar ese patrimonio mientras avanza la investigación y se determina qué ocurrió.

La investigación comenzó en 2022, cuando personal de la Aduana de Mendoza detectó un cargamento de 142 toneladas de maíz partido que una empresa pretendía enviar a Chile. Ese operativo fue el punto de partida de una pesquisa que después permitió reconstruir operaciones realizadas desde años anteriores.

A partir del análisis de esa exportadora, los investigadores detectaron que la firma no tenía capacidad económica, productiva ni operativa para realizar por sí misma la actividad que declaraba. La hipótesis es que habría funcionado como una pantalla para ocultar a quienes realmente manejaban el negocio.

Con el avance de la causa aparecieron otras sociedades que, según el Ministerio Público Fiscal, repetían un mecanismo similar. La investigación permitió establecer que las operaciones sospechosas se remontarían hasta 2020.

Cómo habría funcionado la maniobra

La clave del esquema investigado estaría en la forma de declarar el valor de los granos exportados. Según la hipótesis judicial, las empresas registraban precios inferiores a los reales al momento de realizar las operaciones de comercio exterior.

En términos simples, se habría informado ante la Aduana que determinada cantidad de soja u otras oleaginosas valía menos de lo que realmente representaba en el mercado. Los investigadores estimaron que los valores declarados podían ubicarse aproximadamente 27% por debajo del precio oficial de referencia.

Esto permitía reducir la base sobre la que se calculaban los derechos de exportación. A la vez, según la investigación, las empresas tampoco habrían ingresado al mercado oficial de cambios todas las divisas correspondientes a las ventas realizadas al exterior.

La causa analiza, por lo tanto, mucho más que un simple caso de mercadería que habría salido del país de manera irregular. Los investigadores intentan establecer quiénes estaban detrás de las sociedades utilizadas, quiénes compraban los granos, quiénes los exportaban y dónde terminaba el dinero generado por esas operaciones.

La causa todavía se encuentra en etapa de investigación. Las medidas adoptadas ahora buscan asegurar pruebas y preservar bienes mientras los investigadores terminan de reconstruir la operatoria.

El valor estimado de las operaciones investigadas supera los US$30 millones, pero será la Justicia la que determine finalmente qué delitos se cometieron, quiénes participaron y cuál fue el beneficio económico obtenido mediante las maniobras bajo investigación.