Tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo sobre las supuestas coimas, la Justicia ordenó allanar varias propiedades en la madrugada.
Spagnuolo comandaba la ANDIS, de donde habrían salido las coimas a laboratorios.
Diego Spagnuolo y Javier Milei.
A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada 15 allanamientos a varias propiedades en el marco de una causa abierta tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esos audios, el también abogado y amigo personal de Javier Milei, se refiere a pedidos de coimas a laboratorios.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien estuvo presente en los procedimientos, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.
Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.
Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa. No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento.
Fuentes judiciales informaron que rige el secreto de Sumario, que se habrían encontrado sobres con dólares en el auto de un directivo de la citada droguería suizo argentina y que buscan a Spagnuolo, pero que no hay un pedido de detención para nadie, por el momento.
La primera denuncia contra Spagnuolo y la droguería data de hace un año, aunque cobró fuerza tras el cambio de gobierno. La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.