El Gobierno nacional oficializó este viernes, mediante el decreto 253/2026, la delegación de facultades a nueve provincias para intervenir en rutas nacionales y establecer sistemas de peaje. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial, marca un cambio de paradigma en la gestión vial: las jurisdicciones locales podrán concesionar obras públicas por peaje, administrar licitaciones y fijar tarifas, aunque sin perder la supervisión técnica de Vialidad Nacional.
La normativa alcanza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Según el texto, las competencias se ejercerán de manera “funcional, limitada, temporal y revocable”, sin transferir la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos viales. En la práctica, las provincias asumirán la confección de pliegos, la ejecución de obras y la fijación de tarifas, mientras que el organismo nacional conservará la fiscalización técnica.
Vialidad Nacional exigirá a las provincias planes de obra detallados, cronogramas de ejecución, fuentes de financiamiento y condiciones económicas de las concesiones, incluyendo el peaje máximo y el plazo proyectado. Los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a los tramos intervenidos, sin posibilidad de ser derivados a otras obras.
Mendoza: obras y peajes en marcha
En Mendoza, el ministro de Gobierno Natalio Mema confirmó que las rutas nacionales 40 y 143 serán intervenidas bajo este esquema. En la RN40, el Ejecutivo provincial lanzó un “plan de transformación integral” en un tramo de 16 kilómetros entre calle Paso y la Variante Palmira, con una inversión cercana a los 89.000 millones de pesos. El proceso licitatorio comenzó en febrero. En la RN143, que conecta San Rafael con San Carlos, ya se adjudicó la obra para rehabilitar 107 kilómetros, con un presupuesto de 62.868 millones de pesos. Ambas iniciativas se financiarán con el Fondo de Resarcimiento.
Sin embargo, la primera experiencia concreta de peaje provincial se dará en la ruta 153, en el Este mendocino. Allí, el Gobierno instalará un sistema físico con barreras en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen. La decisión responde a una condición vinculada al uso de los fondos de Portezuelo del Viento: garantizar el repago de las obras. Se prevé que el sistema entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026.
Los usuarios deberán pagar por las rutas
La idea de trasladar a los usuarios el costo de las mejoras viales había sido planteada por Milei durante la campaña, bajo el modelo “a la chilena”. Con el decreto, esa visión se materializa en un esquema de descentralización que redistribuye competencias y responsabilidades. Para Mendoza, significa mayor autonomía en la gestión de sus corredores, pero también el desafío de sostener obras millonarias con financiamiento directo de los automovilistas.
La medida abre un nuevo capítulo en la relación entre Nación y provincias en materia de infraestructura vial. Mientras los gobiernos locales celebran la posibilidad de administrar sus rutas y garantizar inversiones, los usuarios deberán prepararse para un escenario donde el tránsito por corredores estratégicos tendrá un costo adicional. El debate sobre la equidad y la sustentabilidad del modelo recién comienza.
