La economía argentina atraviesa un proceso de reconfiguración fiscal sin precedentes, con un impacto directo en las cuentas de Mendoza. Al cierre del primer trimestre de 2026, los datos oficiales de la Administración Pública Nacional (APN) consolidan una tendencia que ha pasado de ser una señal de alerta a una realidad estructural: una caída real del gasto total del 30% en comparación con marzo de 2023. Este escenario, analizado técnicamente por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), revela un sesgo contractivo que golpea con especial dureza a las provincias, con Mendoza en una posición de vulnerabilidad creciente.
Motosierra para todos, menos para la SIDE
El ajuste no es uniforme, sino que se ha concentrado en áreas que afectan la base del tejido social y productivo. Según el informe de CEPA, las funciones de Servicios Económicos sufrieron un derrumbe real del 67,2% respecto a 2023. Dentro de este rubro, sectores estratégicos como Energía (-64,4%), Transporte (-69,2%) y Vivienda y Urbanismo (-99,3%) están virtualmente paralizados. El documento es taxativo al señalar que "la ejecución presupuestaria evidencia un marcado sesgo contractivo", donde la obra pública ha dejado de ser una prioridad federal.
En el ámbito social, la situación es igualmente crítica. La función Educación y Cultura registra una contracción del 50%. Programas que fueron pilares de la gestión estatal, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Conectar Igualdad, muestran una ejecución de cero (recorte del 100%). La salud pública tampoco ha quedado al margen: los hospitales nacionales, esenciales para la alta complejidad y la derivación regional, reportan bajas de entre el 30% y el 52% en su ejecución real. Organismos de control sanitario y ciencia, como la ANMAT (-33%) y el Instituto Malbrán (-35%), operan con presupuestos sensiblemente reducidos, lo que pone en riesgo la vigilancia epidemiológica nacional.
Como contrapartida técnica a este desfinanciamiento de áreas sociales, la Secretaría de Inteligencia del Estado se destaca como una excepción estadística notable, con un incremento real del 35% en su ejecución presupuestaria, consolidándose como una de las pocas áreas con saldo positivo junto a los Servicios de la Deuda Pública, que ya concentran el 13% del gasto total ejecutado.
El ajuste sobre las provincias
El ahogo financiero de las jurisdicciones subnacionales se explica por una doble vía: la caída de las transferencias automáticas y la desaparición de las discrecionales. De acuerdo con el informe del IARAF de marzo de 2026, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias un total de $5.050.000 millones, lo que nominalmente parece superior al año anterior, pero que al ajustarse por inflación representa una baja real del 4,3%.
La causa técnica de este descenso reside en el desplome de la recaudación de los impuestos coparticipables. El Impuesto a las Ganancias sufrió una caída del 12,7% real, mientras que el IVA bajó un 4%. Estos dos tributos representan el 94% de la masa coparticipable, lo que significa que el motor de ingresos de las provincias está perdiendo potencia de forma acelerada.
Mendoza: Un impacto superior al promedio
Para la provincia de Mendoza, marzo de 2026 marcó un punto de inflexión negativo. Mientras que el promedio nacional de caída de transferencias automáticas fue del 4,3%, Mendoza registró una contracción del 7% real al descontar la inflación.
Mendoza se ubicó entre las jurisdicciones más golpeadas: recibió $196.142 millones, lo que significó un aumento nominal del 23,3% respecto al mismo mes del año anterior, pero una baja real del 7% al descontar la inflación.
Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, Javier Milei oficializó un rescate financiero condicionado para Mendoza y varias provincias en situación similar de asfixia financiera. No obstante, ese dinero deberá ser devuelto este mismo año.
milei cornejo
Javier Milei y Alfredo Cornejo se encontraron nuevamente en Nueva York.
El impacto técnico en Mendoza se puede desglosar en tres frentes críticos:
Erosión de Ingresos Corrientes: Al recibir un 5,2% menos de recursos por coparticipación en términos reales, el Tesoro provincial enfrenta una pérdida de poder adquisitivo que dificulta el cumplimiento de paritarias y gastos operativos. Según IARAF, esta caída se debe en gran medida al "cambio del calendario de anticipos de Ganancias a empresas", un factor técnico que ha vaciado las arcas provinciales en el corto plazo.
Deserción Nacional en Educación y Salud: Al eliminarse el FONID y recortarse programas como la prevención de enfermedades transmisibles (caída del 100% en partidas nacionales), Mendoza debe decidir si desatiende estas áreas o si utiliza recursos propios para cubrir el bache nacional. El informe de CEPA menciona que el apoyo a la infraestructura educativa cayó un 96%, lo que implica que no habrá nuevas escuelas ni refacciones mayores con fondos federales.
Parálisis de Infraestructura: Con la partida nacional de "Infraestructura y Equipamiento" y "Políticas de Vivienda" prácticamente en cero, las obras viales en territorio mendocino estarían completamente estancadas si no fuera por el resarcimiento por Portezuelo del que Cornejo pudo char mano por una adenda de Milei.
Servicios básicos que están en riesgo
La magnitud de los recortes planteada en los informes analizados sugiere que la sostenibilidad de los servicios básicos está en un "umbral de riesgo". Mientras que a nivel nacional el superávit se construye sobre la base de un ajuste del 30% en el gasto, las provincias como Mendoza quedan atrapadas en un escenario donde deben gestionar una demanda social creciente con una recaudación real que no deja de perforar el piso.
No es solo que el Estado Nacional gasta menos, sino que ha modificado la estructura del federalismo fiscal, trasladando el costo del ajuste a las administraciones locales.
Radiografía del ajuste: Síntesis del recorte por sectores (a marzo 2026)
De acuerdo con el análisis de la ejecución presupuestaria realizado por CEPA, el gasto de la Administración Pública Nacional muestra un retroceso real del 30%, distribuido de manera crítica en los siguientes ejes estratégicos:
Educación y Ciencia: El desmantelamiento del incentivo y la investigación
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Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): Recorte del 100%. Paralización total de las transferencias a las provincias para salarios docentes.
Conectar Igualdad: Ejecución del 0% (caída del 100% real).
CONICET: Retroceso real del 32% en su presupuesto operativo.
Infraestructura Educativa: Caída del 96% en las partidas destinadas a refacción y construcción de escuelas.
Salud Pública: Debilitamiento de la red de alta complejidad
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Hospitales Nacionales: Recortes reales generalizados; destacan el Hospital Posadas (-52%), el Hospital El Cruce (-30%) y el Garrahan (-32%).
Prevención de Enfermedades: El programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles registró una ejecución nula (-100%).
Organismos de Control: Caídas sustanciales en ANMAT (-33%) e Instituto Malbrán (-35%).
Obra Pública y Vivienda: Parálisis territorial
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Vivienda y Urbanismo: Caída del 99,3% en la ejecución real, lo que implica el cese de planes de vivienda federales.
Infraestructura Urbana: Los programas de apoyo en municipios y pavimentación muestran una contracción del 100%.
Transporte: Recorte del 69,2%, afectando principalmente subsidios y mantenimiento de rutas nacionales.
transporte y obra publica
Seguridad y Defensa: Ajuste en la operatividad
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Fuerzas de Seguridad: Caídas reales en el presupuesto de Policía Federal (-36%), Gendarmería (-32%) y Prefectura Naval (-33%).
Estado Mayor Conjunto: Excepción parcial con incremento del 36%, en contraste con las fuerzas de seguridad interior.
Desarrollo Social y Seguridad Social: El peso sobre los sectores vulnerables
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Comedores y Merenderos: La asistencia alimentaria sufrió una baja real del 69%.
Economía Social: Programas de integración socioproductiva paralizados con ejecución del 0%.
Asignación Universal por Hijo (AUH): Si bien las asignaciones familiares subieron un 13%, el gasto total en Seguridad Social cayó en su participación general, pasando del 63% al 58% del gasto total de la APN.
Estructura del Gasto: La prioridad financiera
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Servicios de la Deuda Pública: Concentran ya el 13% del gasto total ejecutado.
Inteligencia: La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se posiciona como el área de mayor crecimiento relativo con un +35% de aumento real.
