Un grave episodio compromete la seguridad interna del Complejo Penitenciario N.º III Almafuerte, ubicado en Cacheuta. El caso salió a la luz tras frustrarse el ingreso clandestino de 11 teléfonos celulares, dos chips telefónicos y una batería.
Más allá de que estas situaciones suelen ser reiteradas, lo insólito del caso radica en el método de ocultamiento ya que el contrabando estaba escondido debajo de trozos de carne vacuna cruda.
Fue un control interno de una superior jerárquica el que frenó el ingreso del millonario cargamento tecnológico al penal de Cacheuta. Ante esto la Inspección General de Seguridad inició un sumario contra el agente a cargo de la requisa deficiente.
El hecho derivó de inmediato en la intervención de la Inspección General de Seguridad (IGS), organismo que dispuso iniciar un sumario administrativo contra el agente involucrado, identificado por sus iniciales G.N.F.M., perteneciente a la División de Seguridad Interna.
El Complejo Penitenciario N III, Almafuerte
De acuerdo con las resoluciones oficiales del caso, el cargamento ilícito fue descubierto gracias a la intervención de una oficial jefa del penal, quien detectó irregularidades en el control de los bultos que ingresaban al establecimiento. Ante la sospecha, la superior ordenó abrir el contenedor de los alimentos y realizar una inspección exhaustiva.
Al retirar la carne vacuna cruda, los efectivos encontraron un envoltorio plástico. En su interior se ocultaban los 11 dispositivos móviles de diversas marcas, entre ellas Motorola, Samsung, Redmi, LG y ZTE, muchos de los cuales presentaban pantallas y carcasas dañadas, una condición habitual en los dispositivos destinados al mercado negro carcelario.
Para las autoridades de la IGS, el procedimiento inicial realizado por el agente sumariado fue calificado como "deficiente". Se considera que el guardia omitió de manera deliberada o negligente inspeccionar a fondo los bultos, adoptar las medidas de seguridad propias de su función y retener los elementos prohibidos.
La gravedad institucional radica en que los teléfonos pudieron ser detectados únicamente por el cruce de control de la superior jerárquica, lo que expuso una preocupante vulnerabilidad en los filtros de acceso ordinarios del penal de máxima seguridad.
El agente involucrado ya fue formalmente citado a prestar declaración indagatoria administrativa el próximo 25 de septiembre a las 10:00 horas en la sede de la IGS, donde podrá comparecer con asistencia legal.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ratificó que la tenencia de telefonía celular está estrictamente prohibida en los complejos carcelarios de Mendoza, por lo que continuarán profundizándose las requisas sorpresa mediante divisiones especiales como la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) para neutralizar estas redes de contrabando.