Las autoridades penitenciaras avanzan en la quita de celulares a los internos luego de una primera etapa de entrega voluntaria de los dispositivos móviles.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, informaron que quedan aun unos 2300 teléfonos celulares registrados en poder de los reclusos que serán retirados, luego de que la Suprema Corte resolviera en octubre del año pasado la prohibición del uso de estos aparatos en las cárceles de Mendoza en un plazo de seis meses.
En diálogo con la prensa, la ministra Mercedes Rus, destacó que desde el inicio de su gestión comenzaron a trabajar en un plan para retirar los celulares de las unidades penitenciarias porque ellos entendían que "no es bueno para la seguridad en general", que las personas privadas de libertad tengan acceso a estos dispositivos.
Rus explicó que con la sentencia del máximo tribunal mendocino, luego de una entrega voluntaria, empezaron la tercera etapa de un protocolo que iniciaron "en donde aquel que no quiso devolver el celular (de los habilitados judicialmente) será requisado" y ese dispositivo será considerado "como un elemento de uso prohibido".
"Ya estamos iniciando este proceso de retiro", afirmó la ministra, consultada por la prensa tras encabezar ayer la presentación de un "plan integral" para frenar la compra y venta de bienes robados.
"Nosotros pensamos no solo en la seguridad del servicio penitenciario hacia adentro y en la convivencia de los internos si no que también tenemos que pensar en cual es el efecto hacia afuera y que no proliferen bandas delictivas", añadió Rus, tras mencionar que a través de los celulares en las cárceles se realizan estafas, entre otros delitos.
La ministra precisó que de los celulares que se habilitaron en su momento, quedan unos 2300 aproximadamente en manos de los presos y afirmó que "es un desafío" porque algunos incitan a los internos para que no cumplan con la requisitoria de la autoridad, lo que considera que es "muy malo" porque genera "tensión" hacia adentro de la institución.
A pesar de esa situación, la ministra aclaró que ellos no van a moverse de su posición porque "tiene que ver con la política de seguridad que queremos".
Explicó además que las personas privadas de la libertad, a partir de que salió la sentencia de la Corte, vuelven a tener visitas semanales y que además se puede solicitar la gratuidad del costo del traslado, cuando se trata de las cárceles de Almafuerte y que tienen dispositivos de videollamada para poder comunicarse con sus familiares en caso de emergencia.
El 7 de octubre de 2024 el máximo tribunal de Justicia de la provincia, la Suprema Corte, resolvió que el Servicio Penitenciario debía retirar los celulares de las cárceles de Mendoza. Y le puso plazos a este proceso: seis meses. El mismo vence el venidero 7 de abril de 2025.
Desde la Justicia en su momento hicieron hincapié en restablecer el sistema de visitas presenciales a la modalidad prepandemia y recordaron que la posibilidad de tener celulares se dio cuando en la crisis del COVID se habían suspendido las visitas.
El tribunal ratificó el restablecimiento de las visitar presenciales como eran previo a la pandemia de COVID-19 a la vez que solicita al Servicio Penitenciario disponga de un sistema público o semipúblico sea celular o computadora, que les permita a los internos tener comunicación con sus familiares y a la vez, si están cursando a distancia poder cumplir con la carrera que llevan adelante.