- Una fiscalía de Mendoza solicitó que los integrantes de la banda sean juzgados por asociación ilícita y contrabando agravado de armas, entre otros delitos
La Unidad Fiscal Mendoza, bajo la dirección del fiscal federal Fernando Alcaraz, solicitó la elevación a juicio de la banda transnacional. Imagen ilustrativa
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa Unidad Fiscal Mendoza solicitó la elevación a juicio oral para 34 personas acusadas de integrar una banda criminal transnacional, dedicada al contrabando de armas de fuego entre Argentina y Chile. Los imputados se encuentran actualmente bajo prisión preventiva en distintas modalidades.
El requerimiento fue presentado por el fiscal federal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Alcaraz, informaron fuentes judiciales.
Durante la investigación se secuestraron de 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, 32 cargadores, más de 2.000 municiones de diferentes calibres, kits con extensores y varios accesorios.
En su requerimiento, la fiscalía sostuvo que la evidencia recolectada —que incluye intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros, seguimientos, tareas de campo y cooperación internacional— permitió “develar la estructura y organigrama del grupo criminal asociado”, así como individualizar los distintos niveles de intervención de cada imputado, detalló el sitio Fiscales.
Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los acusados sean juzgados por asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra, tenencia ilegítima de armas y, en algunos casos, por infracción a la Ley N°23.737 de Estupefacientes.
Según la acusación, la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 con ramificaciones en la Argentina y Chile y también con conexiones con Brasil, desde donde parte del material habría sido adquirido e ingresado al país mediante maniobras destinadas a eludir controles fronterizos y aduaneros.
Una vez dentro del país, el material era acopiado inicialmente en la provincia de Buenos Aires y luego trasladado hacia Mendoza, donde era distribuido entre choferes de camiones de cargas internacionales para ocultarlo en cabinas y cruzarlo por el Paso Internacional Paso Internacional Cristo Redentor hacia Chile.
La organización estaba conformada por ciudadanos argentinos y chilenos que cumplían funciones diferenciadas, desde la adquisición del armamento y la recepción de transferencias de dinero hasta su almacenamiento, transporte y cruce clandestino hacia territorio chileno.
En su estructura, la organización contaba con dos jefes radicados en Chile que definían el origen del armamento, los itinerarios y los pasos fronterizos para concretar las maniobras. Debajo de ellos se encontraba una red de organizadores que coordinaba la logística en territorio argentino y chileno, junto con un grupo de colaboradores encargados de recibir y remitir giros internacionales, trasladar cargamentos y asegurar el ingreso de las armas a destino.
La complejidad del caso obligó a crear un Equipo Conjunto de Investigación entre la justicia argentina y el Ministerio Público de Chile, liderado en el vecino país por el fiscal Ricardo Reinoso Varas. El golpe final se dio en mayo de 2024 con más de 30 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, Mendoza y Santiago de Chile, que terminaron de desmantelar la estructura.
Además detectaron una actividad paralela vinculada al narcomenudeo, ya que en distintos domicilios del departamento de Maipú fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y registros de ventas.
Para el Ministerio Público Fiscal, este hallazgo era indicador que parte de los integrantes de la organización utilizaban la infraestructura logística del tráfico de armas para comercializar estupefacientes en forma secundaria.