La Justicia imputó al presidente de Agua y Saneamiento (Aysam), Humberto Mingorance, por la contaminación generada tras el vuelco clandestino de líquidos cloacales a un canal de riego en Guaymallén. La decisión judicial también alcanzó a otros dos integrantes de la conducción de la empresa estatal: Darío Hernández, gerente general, y Carlos Cifuentes, gerente operativo.
La medida fue adoptada luego de que los fiscales intervinientes consideraran que existían pruebas suficientes sobre el daño ambiental provocado por los derrames. La investigación apunta a los vertidos de efluentes cloacales al canal “Rama 12”, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos, una situación que habría afectado también zonas aguas abajo.
MINGORANCE AYSAM CORRALITOS
Humberto Mingorance, titular de Aysam.
La causa en la justicia
Según consta en la causa, los derrames se produjeron en inmediaciones de Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde atraviesa el colector cloacal Noreste, uno de los principales del Gran Mendoza. De acuerdo con la acusación, Aysam habría descargado nuevamente líquidos contaminantes este año sin autorización del Departamento General de Irrigación y causando además daños sobre la infraestructura hídrica del canal.
La imputación incluye los delitos de daño agravado y contaminación peligrosa de un curso de agua con residuos considerados peligrosos. La acusación formal hace referencia a los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y al artículo 184 inciso 5 del Código Penal, que sancionan la contaminación ambiental cuando pone en riesgo la salud pública y afecta bienes de uso público.
La base de la causa judicial se sostiene en los argumentos expuestos por Irrigación en la resolución 481, mediante la cual el organismo impuso a AYSAM una multa de 120 millones de pesos por los hechos investigados. Fuentes judiciales indicaron que Mingorance fue notificado formalmente de la imputación este martes tras presentarse en Tribunales.
La investigación está a cargo del fiscal Gabriel Blanco, quien impulsó las imputaciones junto al fiscal Sebastián Capizzi. Debido a que los acusados son funcionarios públicos, la legislación exige una instancia de consulta con las autoridades superiores del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, los fiscales jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga avalaron el avance de la causa y confirmaron las imputaciones.