El pedido fue formulado por el jefe de bloque del PJ, German Gómez, quien recientemente se desempeñó como presidente de la Bicameral de Seguridad.
La situación emocional del personal policial y penitenciario de Mendoza dejó de ser un rumor disperso para convertirse en un llamado de auxilio que ya no admite más silencios". Así lo planteó el Presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, al presentar un proyecto de resolución que exige información precisa y actualizada sobre la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.
“Nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo con los efectivos de la policía. Suena alarmante la cantidad que se ha quitado la vida”, sostuvo el legislador sanrafaelino.
El reclamo tomó forma tras meses de visitas institucionales, reuniones vecinales y diálogos con agentes, en los que aparece un deterioro emocional cada vez más profundo. Lo que comenzó con comentarios aislados terminó convirtiéndose en un fenómeno reiterado y visible. “Queremos saber si esto se replica en el Servicio Penitenciario, pero la información no aparece en la página del Ministerio”, advirtió.
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Diputado Germán Gómez
Pedido de datos certeros
La ausencia de datos certeros llevó a que la problemática se analice, hasta ahora, a partir de notas periodísticas, testimonios anónimos o mensajes reenviados entre compañeros. La iniciativa solicita saber cuántos agentes se encuentran bajo carpetas médicas por trastornos emocionales y cómo ha evolucionado esta situación desde 2020. “Es un dato clave para poder trabajar seriamente y evaluar si ha habido un crecimiento de los índices”, remarcó.
En paralelo, las estadísticas disponibles marcan que en el último año, seis policías se suicidaron en Mendoza, una cifra que, en términos proporcionales, representa un índice diez veces superior al de la población civil.
“Muchos policías se ven obligados a buscar ingresos extra o asumir deudas para sostener a sus familias”, señaló Gómez, aludiendo a una presión que se acumula sobre jornadas ya de por sí extensas y emocionalmente exigentes.
La falta de descanso, la exposición permanente a situaciones críticas y la escasez de acompañamiento psicológico, conforman un terreno propicio para crisis que podrían prevenirse, añadió el legislador.
Según explicó, la Ley 6.721 define la integridad psicofísica del personal de seguridad como un componente esencial del sistema. A su vez, los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, obligan al Estado a garantizar condiciones laborales que no pongan en riesgo su salud.
“No podemos pedir que cuiden a la sociedad si no cuidamos a quienes nos cuidan”, advirtió.