La toma de rehén en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer terminó este martes por la mañana con la liberación del agente que permanecía cautivo. Sin embargo, mientras se desarrollaban las negociaciones, un choque en la Ruta Nacional 7 provocó la muerte de su madre y su madrina, que viajaban desde La Paz hacia la cárcel.
El episodio comenzó cerca de las 2:00 de la madrugada, cuando dos internos de alta peligrosidad lograron acceder al sector de guardia del pabellón 16. Allí redujeron por la fuerza a un agente penitenciario de 35 años y lo tomaron como rehén.
Durante la madrugada, los internos consiguieron desbloquear el celular del trabajador. Con ese dispositivo lo filmaron mientras permanecía cautivo, difundieron imágenes en redes sociales y se comunicaron con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.
Ante la situación, las autoridades activaron el protocolo de crisis y desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores del complejo, sobre la avenida Boulogne Sur Mer. También intervino el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP).
Las negociaciones quedaron a cargo de personal penitenciario y de representantes judiciales. El fiscal Martín Lucero y el juez Sebastián Sarmiento se hicieron presentes en el establecimiento para seguir el desarrollo del procedimiento.
Alrededor de las 4:30, mientras continuaba la toma, una camioneta facilitada por el municipio de La Paz protagonizó un choque fatal en la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín.
En el vehículo viajaban la madre del agente, Ana Iris Estrada, de 55 años, y su tía y madrina, Alejandra Flores, de 52. Ambas se dirigían hacia el penal después de conocer lo que ocurría con su familiar.
En medio de una intensa tormenta de lluvia y granizo, el conductor perdió el control de la camioneta e impactó contra un árbol. Las dos mujeres murieron en el lugar. Otros tres ocupantes resultaron heridos.
La tragedia ocurrió mientras los familiares intentaban llegar a la penitenciaría para conocer de cerca la situación del agente.
La toma de rehén concluyó pasadas las 8:30, después de varias horas de negociación. Los internos depusieron su actitud, entregaron el arma y liberaron al agente, que no presentaba lesiones, según la información difundida tras el operativo.
El trabajador fue trasladado para recibir atención médica y asistencia psicológica. También fue informado sobre la muerte de sus familiares.
La intervención de los negociadores permitió cerrar el episodio sin que el agente sufriera heridas físicas. No obstante, la investigación continuó para determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos dentro del complejo penitenciario.
Después de la liberación, las autoridades provinciales determinaron que los internos no recibirían los beneficios que habían reclamado durante la toma.
Los pedidos incluían modificaciones en el régimen de visitas y el traslado a otro establecimiento penitenciario. La respuesta oficial fue disponer su alojamiento en el sector de Muy Alto Perfil (MAP) del Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta.
Ese régimen contempla condiciones de detención más estrictas, con celdas individuales, vigilancia permanente y restricciones para las visitas. La permanencia inicial será evaluada durante un período de 180 días.
Además del traslado, se iniciaron nuevas actuaciones judiciales por los hechos ocurridos durante la toma. Las causas incluyen presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas.
Uno de los internos tiene 35 años y cumple una condena de 27 años de prisión. Entre sus antecedentes figuran homicidio agravado y robos agravados por el uso de armas de fuego, además de otros delitos contra la propiedad y desacato a la autoridad.
El otro tiene 42 años y cumple una condena de 23 años. Su prontuario incluye abuso sexual agravado con acceso carnal y robos agravados, entre otros delitos.
Ambos permanecían alojados en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer antes del episodio. Tras la toma de rehén, fueron trasladados a un sector de mayor seguridad y quedaron sujetos a nuevas actuaciones judiciales.
La investigación deberá establecer las responsabilidades penales por la retención del agente y las amenazas denunciadas durante la madrugada.