Un proyecto de Álvaro Martínez propone cobrar gastos a los presos que trabajan.
Proponen prohibir los celulares en las cárceles y cobrar gastos a los presos
Proponen prohibir los celulares en las cárceles y cobrar gastos a los presos
La prohibición de los teléfonos celulares en las cárceles, el cobro de parte de los gastos de alojamiento a los presos y el uso de uniformes según su nivel de peligrosidad son algunos de los cambios que propone un proyecto de ley para reformar el régimen penitenciario federal.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, Álvaro Martínez, y busca modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. El legislador planteó la necesidad de terminar con lo que denominó el “call center tumbero”, en referencia a las estafas y otros delitos que, según sostiene, se organizan desde las cárceles.
Si la propuesta es aprobada por ambas cámaras del Congreso, las nuevas reglas serían obligatorias en los complejos y cárceles federales del país.
El proyecto plantea prohibir de manera absoluta el uso de teléfonos celulares dentro de los penales. Sin embargo, no propone eliminar todo contacto de los detenidos con el exterior, sino establecer otras formas de comunicación bajo control.
La iniciativa habilita el uso de teléfonos fijos para hablar con familiares y abogados. También contempla videollamadas con defensores oficiales, con el objetivo de agilizar trámites judiciales y reducir los gastos que generan los traslados de los detenidos.
La propuesta busca impedir que desde las cárceles se organicen estafas, secuestros virtuales, maniobras vinculadas al narcotráfico y otros delitos.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC). El proyecto establece que los internos que reciban ingresos por su trabajo dentro del penal deberán aportar dinero para cubrir parte de los gastos de alimentación, luz, agua, asistencia médica y vestimenta.
La iniciativa aclara que esta obligación no libera al Estado de garantizar las condiciones básicas de detención.
También contempla qué ocurriría con quienes no trabajen o no tengan un sueldo del cual se pueda descontar el arancel: el importe impago quedaría registrado como una deuda a nombre del interno dentro del sistema.
Para ampliar la cantidad de personas que trabajan en las cárceles, el proyecto prevé un plan progresivo de empleo productivo. La propuesta incluye la participación de empresas privadas, cooperativas y organismos públicos.
El objetivo es aumentar las oportunidades de trabajo dentro de los penales y establecer obligaciones económicas para quienes perciban ingresos durante su detención.
La reforma también propone que los detenidos deban usar uniformes de color beige o marrón claro, con marcas que permitan distinguir su nivel de peligrosidad.
El sistema tendría tres categorías: una línea vertical para el nivel leve, dos para el medio y tres para el alto. En cambio, quienes estén próximos a recuperar la libertad utilizarían uniformes lisos.
Por ahora, se trata de un proyecto de ley. Para que las medidas puedan aplicarse, la iniciativa deberá avanzar en el Congreso y obtener la aprobación correspondiente.
