La propuesta de "mano dura" busca poner la inseguridad en el centro del debate nacional.
El Gobierno quiere poner la inseguridad en el centro del debate
El Gobierno quiere poner la inseguridad en el centro del debate
Para poner la inseguridad en el centro del debate político, el Ejecutivo Nacional prepara un proyecto de ley que presentaría ante el Congreso con el objetivo de endurecer las sanciones para distintos delitos.
Motochorros, trapitos, robos, delitos cometidos dentro de los establecimientos penitenciarios y el narcotráfico forman parte de la propuesta que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
El proyecto contempla penas de hasta 3 años de prisión para quienes cobren dinero por cuidar vehículos en la vía pública sin autorización, los denominados trapitos.
La sanción podría aumentar a 6 años cuando la actividad se realice mediante violencia o durante eventos masivos. Si además interviene una organización o se utilizan armas, la pena podría alcanzar los 8 años.
Los motochorros también quedarían alcanzados por el proyecto. La iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión cuando se utilicen medios motorizados o vehículos para facilitar un robo.
Otro de los puntos centrales de la propuesta apunta a ampliar los alcances de la legítima defensa domiciliaria.
El Gobierno busca eliminar el requisito de nocturnidad para determinados casos de legítima defensa dentro de una vivienda cuando exista un ingreso violento.
De aprobarse la reforma, la legítima defensa privilegiada se aplicaría de la misma manera durante el día y la noche cuando una persona intente forzar los accesos o trepar los límites de una propiedad.
El proyecto también propone que los jueces escuchen de manera obligatoria a las víctimas antes de adoptar determinadas decisiones durante los procesos judiciales.
El borrador contempla nuevas sanciones para conductas vinculadas con los establecimientos penitenciarios.
El ingreso de teléfonos celulares a las cárceles podría convertirse en un delito con una pena de hasta 3 años de prisión.
En tanto, la tenencia de armas blancas o “facas” dentro de los penales podría ser castigada con hasta 6 años de prisión.
La propuesta también contempla un incremento de los castigos vinculados al narcomenudeo y a las redes de narcotráfico.
Otro de los cambios planteados está relacionado con los plazos de prescripción.
El borrador contempla que los delitos reprimidos con prisión perpetua pasen a ser imprescriptibles. Además, eleva de 12 a 15 años el plazo máximo de prescripción para ilícitos de menor gravedad.
Actualmente, el ingreso y egreso de personas del territorio argentino se encuentran regulados por la Ley de Migraciones 25.871 y su reglamentación.
De aprobarse el borrador, una persona extranjera que ingrese ilegalmente podría enfrentar un proceso judicial ante los tribunales federales, con penas de prisión efectivas o en suspenso antes de una eventual expulsión del territorio nacional.
Para el Gobierno, la presentación de este paquete de leyes ofrece un fuerte beneficio político y comunicacional, ya que le permite instalar y dominar la agenda pública con la seguridad como eje central.
Al enviar al Congreso iniciativas de "mano dura" y endurecimiento de penas, el oficialismo logra fidelizar a su electorado propio y al mismo tiempo, obliga a la oposición a tomar una postura pública ante temas de alta sensibilidad, desgastándola si decide votar en contra de herramientas para combatir la delincuencia.
Asimismo, esta estrategia le sirve al Poder Ejecutivo como un mecanismo de contención social y distracción frente a coyunturas económicas adversas. Al focalizar el debate mediático y legislativo en medidas punitivas concretas, el Gobierno canaliza el descontento presentándose como una gestión activa y decidida que asume el control de la calle, independientemente de si los proyectos finalmente consiguen los votos necesarios para convertirse en ley.
