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Jubilados de Mendoza recibirán $11 millones tras un reclamo contra su prepaga

La empresa tardó 28 días en cumplir una orden judicial para corregir las cuotas y volvió a emitir una factura con un importe muy superio
Jubilados de Mendoza recibirán $11 millones tras un reclamo contra su prepaga
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La empresa tardó 28 días en cumplir una orden judicial para corregir las cuotas y volvió a emitir una factura con un importe muy superio
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Jubilados de Mendoza recibirán $11 millones tras un reclamo contra su prepaga

La empresa tardó 28 días en cumplir una orden judicial para corregir las cuotas y volvió a emitir una factura con un importe muy superio
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Jubilados de Mendoza recibirán $11 millones tras un reclamo contra su prepaga

Una empresa de medicina prepaga deberá pagar $11 millones a una pareja de jubilados de Mendoza después de que la Justicia considerara grave su demora para cumplir una orden sobre el valor de las cuotas. La primera rectificación llegó 28 días después de que la compañía fuera notificada, pese a que el plazo establecido por el juzgado era de apenas 48 horas.

La resolución fue dictada el 18 de noviembre por la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza. Los demandantes son una mujer de 78 años y un hombre de 80, afiliados a la empresa desde 1997.

El reclamo había comenzado por los aumentos que recibió el plan familiar después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023. En diciembre de 2023 pagaban $131.723,27, pero para marzo de 2024 la cuota había llegado a $368.188,20. La suba, cercana al 180% en tres meses, llevó al matrimonio a recurrir a la Justicia porque consideraba que esos valores comprometían sus posibilidades de mantener la cobertura.

La orden judicial que la empresa demoró en cumplir

El 12 de abril de 2024, el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza dictó una medida para que la prepaga dejara sin efecto los aumentos cuestionados y recalculara las cuotas. También le dio 48 horas para acreditar que había cumplido y le prohibió restringir la atención médica por los importes discutidos.

La compañía recibió la notificación el 15 de abril, pero no corrigió la facturación dentro del plazo. El 2 de mayo, el juzgado volvió a intimarla para que regularizara las cuotas en tres días, bajo la advertencia de aplicar una multa diaria de $20.000.

La primera rectificación apareció el 13 de mayo. La empresa emitió una nota de crédito y dejó la cuota en $185.290,37. Para entonces habían pasado 28 días desde que recibió la orden judicial.

La explicación de la prepaga fue que había tenido problemas informáticos en su sistema de facturación. Sin embargo, esa versión no pudo ser comprobada. El perito designado no consiguió acceder a los sistemas ni a la documentación que estaban bajo control de la compañía.

El expediente registró otro episodio en noviembre de ese año. El día 6, la empresa emitió una factura por $678.247,61, un importe que superaba ampliamente el que se venía cobrando. Ocho días después anuló esa factura mediante una nueva nota de crédito.

La Cámara aclaró que no había pruebas de que los jubilados hubieran pagado el importe más elevado. Sin embargo, tuvo en cuenta que la empresa tampoco había acreditado oportunamente ante el juzgado que había corregido esa facturación. El 20 de noviembre de 2024, la Justicia Federal hizo efectivas y elevó las sanciones económicas que había dispuesto.

El 28 de abril de 2025, el mismo juzgado hizo lugar al amparo presentado por los afiliados. Declaró inconstitucionales para ese caso los artículos 265, 267 y 269 del DNU 70/2023 y dejó sin efecto los aumentos aplicados desde enero de 2024. También estableció los parámetros para calcular nuevamente las cuotas.

Por qué la indemnización llegó a $11 millones

En primera instancia, la Justicia había reconocido $6 millones por daño moral, pero rechazó el pedido de una sanción adicional a la empresa. Los jubilados apelaron y el expediente llegó a la Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza.

Las juezas Marcela Cecilia Ruiz Díaz, María Teresa Carabajal Molina y Gladys Delia Marsala revisaron los antecedentes y modificaron parcialmente la sentencia. Consideraron que la demora en cumplir la orden judicial, sumada a la falta de pruebas sobre los problemas informáticos y a la nueva facturación cuestionada, demostraba una negligencia grave.

La Cámara también tuvo en cuenta que los demandantes eran adultos mayores y que estaba comprometida la continuidad de un servicio de salud. Sin embargo, las magistradas aclararon que no habían encontrado pruebas de una conducta intencional para perjudicarlos.

Por ese motivo, mantuvieron los $6 millones por daño moral y agregaron otros $5 millones como daño punitivo. La condena total quedó fijada en $11 millones, a razón de $5,5 millones para cada integrante del matrimonio, más los intereses correspondientes.

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