Sancionan a presos de Mendoza por hacer un streaming

Los cinco presos del Complejo Penitenciario San Felipe que protagonizaron un streaming desde el interior del penal ya comenzaron a recibir sanciones. El Servicio Penitenciario de Mendoza les secuestró los teléfonos celulares, inició sumarios administrativos y evalúa trasladarlos a un sector con menos beneficios y mayores restricciones.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que los internos enfrentarán medidas disciplinarias luego de comprobarse que utilizaron teléfonos celulares, cuya tenencia está prohibida dentro de las cárceles de la provincia.

Según detalló la funcionaria, la investigación comenzó tras una alerta de inteligencia que derivó en una requisa dentro del módulo 8B, donde los agentes encontraron y secuestraron cinco celulares.

Como parte de las sanciones, los involucrados fueron incorporados a un sumario administrativo y podrían ser reubicados en un pabellón con un régimen más estricto y una reducción de los beneficios penitenciarios.

La ministra también señaló que actualmente el Servicio Penitenciario tramita cerca de 60 expedientes disciplinarios contra personas privadas de la libertad por distintas infracciones al reglamento.

Cómo comenzó el escándalo

El caso tomó estado público luego de que los internos aparecieran durante algunos segundos en una transmisión realizada por el streamer bonaerense Valentín Melo, quien utilizaba la plataforma OmeTV, una aplicación que conecta usuarios mediante videollamadas aleatorias.

Durante la conversación, los presos manifestaron que se encontraban alojados en el penal de San Felipe, en Mendoza, confirmando que realizaban la comunicación desde el interior de la cárcel.

La difusión del video generó una fuerte polémica debido a que la posesión de teléfonos celulares está expresamente prohibida en todos los establecimientos penitenciarios mendocinos.

Investigación en marcha

Tras la viralización de las imágenes, el Ministerio de Seguridad y Justicia puso en marcha una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para identificar a los responsables y determinar cómo ingresaron los dispositivos al penal.

Con los cinco internos ya identificados y sancionados, las autoridades buscan establecer si existieron fallas en los controles o si hubo colaboración de terceros para facilitar el uso de los celulares dentro del establecimiento penitenciario.