Alfredo Cornejo y Sergio Marinelli, jefe de Irrigación, se negaron esta semana a difundir las cláusulas secretas del acuerdo que firmó el Gobierno de Mendoza con la estatal de aguas israelí, Mekorot. Escudado en una supuesta imposición del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Marinelli le exigió a la Legislatura que pida es información por escrito.
La negativa a entregar la información acerca de qué es exactamente lo que se firmó con Mekorot, que se repite pese a la insistencia de la oposición en conocer los términos -existe un requerimiento legislativo planchado en comisiones- motorizó lo que será una demanda ante la Fiscalía de Estado.
La presentará Eduardo Sosa, exfuncionario de Ambiente en la primera gobernación de Cornejo, quien adelantó a ElEditor Mendoza: "Todo plan, programa, política o proyecto de carácter público es información pública de carácter ambiental y está regido por la ley de resupuestos mínimos de acceso a la información ambiental 25.831. Es una ley que no pueden obviar".
Ese documento, agregó Sosa, "antes de ponerse en funcionamiento debe ser sometido a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, eso está en la ley 8051, de ordenamiento territorial y de usos del suelo. Esa evaluación de impacto ambiental de carácter estratégico es aplicable a toda la provincia. Esto tiene que ir a la Fiscalía de Estado, el dueño del plan no es el CFI, que es sólo el organismo financiador".
Según Sosa el plan hídrico debe someterse a una audiencia pública y dictámenes "como si fuera un procedimiento de evaluación de impacto".
La Fiscalía de Estado, por su parte, viene fallando a favor del Gobierno en las demandas de recaudos ambientales, como ocurrió con Malagüe Distrito Minero Occidental, donde desestimó un recurso de amparo por los glaciares argumentando que era muy pronto para saber si la extracción de cobre dañará los reservorios de agua de la cordillera del sur de Mendoza.
Jorge Difonso, el diputado que presentó hace dos años el pedido para que se conozcan las cláusulas secretas del acuerdo, remarcó a este diario tras la visita de Marinelli a la Legislatura: "En definitiva, no entregan las cláusulas. Tienen mayoría en ambas cámaras y no rinden cuentas. Son impunes".
El antecedente de Chevron
Sosa mencionó un antecedente de pedido de acceso a información estratégica que realizó la asociación Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra Chevron.
En 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó a YPF la entrega de la copia del acuerdo del proyecto de inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia de Neuquén.
La causa había sido iniciada por el Senador Rubén Giustiniani ante la falta de respuesta a los pedidos de información presentados en agosto y septiembre del año 2013.
El estratégico convenio con Mekorot
El acuerdo que firmó Mendoza con Mekorot -en ese momento Wado De Pedro era el ministro del Interior- prevé varias instancias que tendrán el financiamiento del CFI, y es clave porque determinará las porciones de agua que se entregará al agro y también a las empresas mineras.
Entre otras cosas, el CFI financiará:
• "Plan maestro para el sector hídrico: su alcance permitirá el análisis de la situación actual de los recursos hídricos, la determinación de proyecciones tanto de la oferta como de la demanda hídrica, balances y la propuesta de medidas para diversas situaciones futuras y actuales.
• "Código de Aguas para la provincia de Mendoza: el Plan Maestro irá acompañado por la sistematización de un digesto (Código de Aguas) que compile la vieja Ley de Aguas de 1884. Tiene el objetivo de dotar de ordenamiento el régimen vigente y actualizar las diversas normativas dictadas en los últimos 130 años. A su vez, prevé la determinación de nuevas herramientas legales que resulten necesarias para la modernización del sistema.
• "Herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica: con el objetivo de obtener mayor flexibilidad en la distribución del agua, se trabajará en el desarrollo de tres herramientas informáticas. La primera de ellas es el software de distribución secundaria que permitirá obtener una mayor flexibilidad en la distribución de agua. La segunda consiste en el fortalecimiento del Programador de Riego, herramienta de aprendizaje para el usuario sobre el manejo del agua adaptable a otras realidades hídricas del país. Finalmente, la tercera herramienta consiste en la implementación de la metodología BIM (Building Information Modelling) tanto para el desarrollo de proyectos, como para la gestión documental y construcción del Banco de Proyectos de la institución.
• "Fortalecimiento del Programa de Inversiones en Cauce: el DGI cuenta con una línea de financiamiento denominada Programa de Inversiones en Cauce tendientes a facilitar la realización de obras por parte de las Inspecciones de cauce en la red secundaria y terciaria. Se trata de un aspecto clave para la conducción y distribución eficiente que se verá fortalecido con la inversión del CFI en bienes de capital.
• "Fortalecimiento de la gobernanza del sistema: la construcción de gobernanza a partir de la educación es fundamental para el acompañamiento de estos procesos. Si bien el DGI realiza acciones en este sentido desde hace más de 25 años, quedarán fortalecidas con las mejoras en los métodos de riego presurizado mediante su aplicación en huertas escolares y comunitarias a través de la provisión de kit de riego".