La reforma constitucional que cambia las leyes de la autonomía municipal deberá debatirse en un plebiscito en 2027.
Este miércoles Alfredo Cornejo promulgó la Ley 9709, un paso decisivo en el camino hacia la ampliación de la autonomía municipal. La norma, publicada en el Boletín Oficial tras su aprobación en ambas cámaras legislativas, declara la necesidad de reformar el artículo 197 de la Constitución provincial y habilita la posibilidad de que cada comuna dicte su propia carta orgánica.
La medida se inscribe en el procedimiento de enmiendas parciales previsto por el artículo 223 de la Carta Magna provincial. En sus redes sociales, Cornejo celebró la promulgación y definió la iniciativa como “un paso necesario para seguir fortaleciendo la institucionalidad de Mendoza”. Según el mandatario, la reforma busca consolidar la autonomía municipal en línea con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Nacional.
Más allá de la formalidad jurídica, la decisión tiene un trasfondo político detrás del que se en columnó todo el Gobierno: la reforma fue anunciada como parte de la contraofensiva de Cornejo frente al avance del intendente peronista Omar Félix, quien había impulsado la creación de una Carta Orgánica para San Rafael al margen de la órbita provincial. La ley, en este sentido, fija un marco normativo uniforme que pretende evitar la proliferación de regímenes disímiles y garantizar que las cartas orgánicas locales se ajusten a los principios y limitaciones de la Constitución mendocina.
La ley establece que la redacción de estas cartas deberá realizarse mediante convenciones convocadas especialmente, replicando los mismos requisitos y mayorías exigidos para una reforma constitucional provincial. De este modo, se busca dotar de legitimidad y rigor institucional a un proceso que, según los legisladores oficialistas, no puede ser un mero trámite administrativo.
Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es el económico-financiero. Los municipios podrán crear y percibir tasas retributivas por servicios públicos, contribuciones de mejoras y cánones vinculados al uso del dominio público o al ejercicio del poder de policía. Sin embargo, la norma establece un límite tajante: las comunas no podrán cobrar impuestos de ningún tipo.
El financiamiento de las administraciones locales seguirá dependiendo de las rentas determinadas por la Constitución y de la coparticipación provincial. La ley también prevé que la Legislatura elabore una norma marco para la formación de regiones entre municipios, lo que abre la puerta a nuevas formas de cooperación interdepartamental.
Los fundamentos esgrimidos por el oficialismo apuntan a saldar una deuda institucional histórica y a adecuar el derecho público mendocino a los mandatos de la reforma constitucional nacional de 1994. “Era indispensable fijar reglas claras para evitar caer en una peligrosa anarquía de autonomías”, argumentaron los legisladores, alertando sobre el riesgo de que coexistan dieciocho regímenes municipales totalmente disímiles.
Pese a la promulgación, la reforma aún debe superar una instancia clave: el plebiscito previsto para las elecciones generales de 2027. Solo si la ciudadanía respalda mayoritariamente la enmienda, el Poder Ejecutivo podrá incorporarla definitivamente al texto constitucional.
Este requisito convierte a la reforma en un tema de debate abierto que atravesará la próxima campaña. El oficialismo apuesta a que la ciudadanía valore la previsibilidad y la institucionalidad que, según Cornejo, aporta la iniciativa. La oposición, en cambio, podría encontrar en el plebiscito un terreno fértil para cuestionar la estrategia del gobernador y defender la autonomía de los municipios desde otra perspectiva.
La promulgación de la Ley 9709 no solo marca un hito jurídico, sino que refleja una disputa de fondo sobre el equilibrio de poder entre la Provincia y sus municipios. Mientras el Ejecutivo provincial busca ordenar y uniformar el proceso de autonomía, algunos intendentes reclaman mayor libertad para diseñar sus propios marcos institucionales.
En ese cruce de visiones se juega el futuro de la organización política mendocina. La reforma abre la posibilidad de que cada comuna trace su propio camino, pero bajo la estricta vigilancia de la Constitución provincial. El plebiscito de 2027 será, en definitiva, el escenario donde se dirima si la ciudadanía respalda este modelo de autonomía regulada o si prefiere mantener el statu quo.