-Andres Lombardi dijo que la ex funcionaria de Las Heras está suspendida, pero no perdió el cargo.
-Belén Castillo le reclama la banca al jefe de Diputados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, salió a defenderse de la denuncia penal por abuso de autoridad y omisión que le hiciera la dirigente del Pro María Belén Castillo. La abogada reclama ocupar la banca de la ex funcionaria de Las Heras Janina Ortiz, suspendida por la Cámara.
Lombardi defendió la legalidad institucional de la Cámara Baja frente a la denuncia penal en su contra, ratificando que la banca de la legisladora Ortiz no se encuentra vacante, sino sujeta a una decisión soberana del cuerpo legislativo por inhabilidad moral.
La controversia se remonta al 27 de marzo de 2024, cuando la que el pleno de la Cámara de Diputados de Mendoza votó la suspensión de la exsecretaria de Gobierno de Las Heras. La medida fue adoptada bajo el amparo directo del artículo 91 de la Constitución Provincial, que faculta a las cámaras a suspender a sus miembros con el voto de las dos terceras partes.
La legisladora enfrenta procesos en el Ministerio Público Fiscal por presunto fraude a la administración pública y coacciones, lo que motivó su apartamiento preventivo. Desde entonces, Diputados funciona ininterrumpidamente con cuarenta y siete miembros en lugar de los cuarenta y ocho fijados en la Constitución.
La prolongación de esta situación excepcional generó tensión entre los bloques. El núcleo de la discusión técnico-jurídica gira en torno a determinar si una suspensión por un plazo incierto equivale a una vacancia real del cargo parlamentario, afectando el equilibrio político regional y el esquema representativo de las urnas.
La abogada María Belén Castillo, dirigente del PRO alineada con el sector político de Omar De Marchi, era la primera mujer debajo de Ortiz en la lista para diputados de La Unión Mendocina para los comicios del 2023. Castillo reclama formalmente que se aplique el mecanismo de corrimiento de lista contemplado en el artículo 83 de la Ley Electoral 2551.
En su escrito judicial, la denunciante acusa a las actuales autoridades parlamentarias de abuso de autoridad y de flagrante omisión de los deberes de funcionario público, argumentando que retener una banca vacía lesiona de forma directa la representatividad popular del Primer Distrito Electoral y quiebra los esenciales principios republicanos del sistema democrático.
Según la presentación ante los tribunales, la dilación indefinida de este estado de anormalidad es arbitraria y priva a la ciudadanía de una representación legislativa plena. Esta grave situación forzó un planteo institucional destinado a intentar garantizar de manera definitiva la urgente cobertura de la conflictiva banca en disputa.
Frente a esta embestida judicial contra el titular de la Cámara Baja, el oficialismo cerró filas detrás de la conducción de la Cámara. Andrés Lombardi desestimó de plano los cargos penales y aclaró que la presidencia no actúa de manera unilateral, sino exclusivamente como el brazo ejecutor de la voluntad soberana expresada por el pleno de la cámara.
Lombardi argumentó que una suspensión temporal dictaminada por la Cámara no es bajo ninguna circunstancia sinónimo de expulsión o separación definitiva del cargo, razón legal por la cual la bancano puede declararse vacante. El marco regulatorio de la provincia no contempla la figura jurídica de los reemplazos parciales o temporales para aquellos diputados suspendidos, blindando la posición institucional de Ortiz hasta que exista una sentencia judicial firme en las causas en trámite, lo cual no ocurrirá antes de que se termine el periodo legislativo para el que fue elegida: 2023-2027.
El titular del cuerpo enfatizó que la diputada suspendida conserva sus derechos sobre el escaño, supeditados a su evolución procesal. Advirtió que si demuestra su inocencia y abandona las denominadas chicanas judiciales, podrá reincorporarse de inmediato a sus funciones.
Rechazó de plano haber incurrido en el delito tipificado como omisión como haber vulnerdado la institucionalidad. Argumentó que la Cámara de Diputados se encuentra plenamente facultada por su Reglamento Interno para sesionar de forma válida con la tercera parte de sus miembros, descartando que la actual ausencia parlamentaria ponga en riesgo el normal y transparente funcionamiento del recinto legislativo.