La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se suma a otros gremios que cuestionan las modificaciones aprobadas en la Legislatura.
El gremio de la salud reclama ante la Suprema Corte por los cambios en el Estatuto al Empleado Público.
AmprosLa Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la modificación de la Ley 9665 del Empleado Público. Los cambios impulsados por el Gobierno provincial generaron rechazo en los gremios y en la oposición. Se aprobó con los votos oficialistas.
Uno de los primeros gremios en ir a la Suprema Corte de Justicia por la inconstitucionalidad de la ley sancionada fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Tras una semana de asambleas en hospitales, centros de salud y dependencias públicas, se presentó en Tribunales asegurando que la reforma ataca los principios basales del trabajo de los agentes públicos como la estabilidad, la antigüedad y las indemnizaciones, entre otros puntos que son tutelados por la Constitución Nacional y por la Carta Magna provincial.
Claudia Iturbe, secretaria General, con el patrocinio letrado del jefe de Asesores Legales de la entidad gremial Carlos Alico, interpusieron esta acción formal contra las modificaciones a la normativa sancionada por el Poder Legislativo Provincial el 30 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre.
Distintos gremios, como Ampros, rechazaron la reforma al Estatuto del Empleado Público.
Además, solicitaron su inaplicabilidad, en tanto y en cuento viola de manera manifiesta los artículos 14 bis, 18, de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
En este sentido, la licenciada Iturbe señaló de manera contundente: “La norma impugnada modifica sustancialmente el Decreto-Ley 560/73 -Estatuto del Empleado Público-, introduciendo regresiones inadmisibles en materia de estabilidad, negociación colectiva, defensa en juicio y reparación por cesantías o sanciones arbitrarias, afectando de modo directo al personal profesional de la salud pública comprendido en dicho régimen.
“Es una clara flexibilización laboral que se suma a las 26 leyes que aprobó Cornejo el año pasado, que embisten en detrimento de la salud pública de Mendoza”, concluyó la secretaria general de AMProS.