La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti acusó recibo luego de que la Justicia archivara su denuncia contra el Gobernador Alfredo Cornejo.
Anabel Fernández Sagasti cuestionó a la Justicia mendocina.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza archivó la denuncia de Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo por presuntas irregularidades en un convenio vial con el Gobierno nacional, lo que provocó la furia de la senadora nacional, quien se despachó con un fuerte posteo contra la Justicia mendocina.
El proceso judicial, que comenzó en el fuero federal y culminó en la Justicia provincial, deja sin efecto las acusaciones que apuntaban a delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Esto, fue considerado como una "chantada" por Fernández Sagasti, quien dijo que "el día que el Poder Judicial mendocino investigue una causa de corrupción de Cornejo, será justicia".
"¿Sorpresa? El día que el Poder Judicial mendocino investigue una causa de corrupción de Cornejo, será justicia. Mientras tanto, es solo una chantada. Bonarrico, el robo en Vialidad Provincial, funcionarios millonarios que no declaran sus bienes... Ahora, la estafa al pueblo de Mendoza, que PAGARÁ TRES VECES una ruta que debería pagar Milei. Una (in)justicia con mayoría automática, paralizada ante el patrón. Vergonzoso", escribió la legisladora en su cuenta de X.
La senadora del Frente de Todos cuestionó el convenio, alegando que implicaba una carga indebida sobre las arcas provinciales y que podría constituir una malversación de fondos públicos. La denuncia fue presentada en los Tribunales Federales de Mendoza, pero rápidamente se encontró con una limitación jurisdiccional.
La fiscal federal Patricia Santoni resolvió que no correspondía la intervención del fuero federal, ya que no se verificó perjuicio alguno al patrimonio del Estado nacional ni participación de funcionarios federales en los hechos denunciados. “Los hechos deben ser pesquisados por la Justicia de Mendoza”, concluyó Santoni, subrayando que la competencia federal se limita a casos expresamente establecidos por la Constitución.
Con el expediente ya en manos de la justicia provincial, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos inició un análisis exhaustivo. Se revisaron dictámenes de la Asesoría de Gobierno, la Asesoría Jurídica del Ministerio y la Fiscalía de Estado, todos los cuales coincidieron en que el convenio se enmarca dentro del federalismo de cooperación y las atribuciones constitucionales del gobernador. Además, se descartó cualquier uso indebido de recursos provinciales o transferencia irregular de competencias.
Finalmente, la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito penal alguno y dictó el archivo de las actuaciones. La decisión marca el cierre judicial de una controversia que había escalado en el plano político, generando tensiones entre oficialismo y oposición.