La denuncia penal presentada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo por presuntas irregularidades en un convenio vial con el Gobierno nacional fue finalmente archivada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza. El proceso judicial, que comenzó en el fuero federal y culminó en la justicia provincial, deja sin efecto las acusaciones que apuntaban a delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo, cuando el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Vialidad Nacional que habilitaba a la provincia a asumir con recursos propios el mantenimiento y conservación de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, que Javier Milei abandonó en pos del mentado "superávit fiscal".
El acuerdo fue ratificado por la Legislatura mendocina mediante la Ley 9640, y los fondos previstos son los del Fondo de Resarcimiento por la promoción industrial, originalmente destinados a la construcción de la represa Portezuelo del Viento.
La denuncia de Sagasti
La senadora del Frente de Todos cuestionó el convenio, alegando que implicaba una carga indebida sobre las arcas provinciales y que podría constituir una malversación de fondos públicos. La denuncia fue presentada en los Tribunales Federales de Mendoza, pero rápidamente se encontró con una limitación jurisdiccional.
La fiscal federal Patricia Santoni resolvió que no correspondía la intervención del fuero federal, ya que no se verificó perjuicio alguno al patrimonio del Estado nacional ni participación de funcionarios federales en los hechos denunciados. “Los hechos deben ser pesquisados por la Justicia de Mendoza”, concluyó Santoni, subrayando que la competencia federal se limita a casos expresamente establecidos por la Constitución.
No hay delito, dijo la Fiscalía
Con el expediente ya en manos de la justicia provincial, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos inició un análisis exhaustivo. Se revisaron dictámenes de la Asesoría de Gobierno, la Asesoría Jurídica del Ministerio y la Fiscalía de Estado, todos los cuales coincidieron en que el convenio se enmarca dentro del federalismo de cooperación y las atribuciones constitucionales del gobernador. Además, se descartó cualquier uso indebido de recursos provinciales o transferencia irregular de competencias.
Finalmente, la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito penal alguno y dictó el archivo de las actuaciones. La decisión marca el cierre judicial de una controversia que había escalado en el plano político, generando tensiones entre oficialismo y oposición.
