El gobierno oficializó la desvinculación de la OMS. La medida genera preocupación no sólo en Argentina sino a nivel global por sus consecuencias sanitarias.
Estados Unidos quitará su bandera de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra
En la 78° Asamblea Mundial de la Salud, el Gobierno de Javier Milei formalizó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión, que había sido anticipada en febrero, fue comunicada oficialmente a través de una carta firmada por el canciller Gerardo Werthein y fue recibida con sorpresa en Ginebra, sede del organismo.
Hay que destacar que el Gobierno de Mendoza, pese a ser un aliado de javier Milei, no acompaña esta decisión sanitaria.
La medida se alinea con la política exterior de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, quien también confirmó su retiro de la OMS, profundizando así un giro geopolítico que pone en tensión los marcos multilaterales de cooperación sanitaria.
Según el Ejecutivo argentino, la decisión responde a una "defensa de la soberanía nacional" y una crítica frontal al manejo de la pandemia por parte del organismo internacional. En sus redes sociales, el presidente Milei había sido categórico: “La OMS fue el brazo ejecutor del mayor experimento de control social de la historia. La cuarentena cavernícola fue un delito de lesa humanidad”.
La administración libertaria acusa a la OMS de haber promovido estrategias que afectaron gravemente la economía y la educación, en especial durante la gestión pandémica del expresidente Alberto Fernández. Desde Cancillería, se sostuvo que la salida permitirá recuperar control sobre las decisiones sanitarias nacionales sin condicionamientos externos.
A pesar de la retórica soberanista, expertos en salud pública advierten sobre las consecuencias de esta medida. La Fundación Soberanía Sanitaria enumeró al menos diez impactos negativos que tendrá la desvinculación, que será efectiva el 1 de enero de 2026:
Pérdida del acceso al Fondo Rotatorio de Vacunas y al Fondo Estratégico de Insumos Sanitarios, lo que encarecería tratamientos y campañas nacionales de salud.
Debilitamiento de organismos clave como ANLIS-Malbrán, INCUCAI y el sistema de vigilancia epidemiológica.
Desvinculación del Reglamento Sanitario Internacional, dificultando el acceso a alertas globales ante pandemias u otras emergencias.
Aislamiento internacional de los equipos médicos y funcionarios sanitarios argentinos en redes de formación y actualización profesional.
Menor preparación ante emergencias, como pandemias o desastres naturales, al perderse el apoyo técnico de la OMS y la OPS.
Además, se perdería la cooperación en temas críticos como enfermedades desatendidas, salud mental, vacunación infantil y salud materna, debilitando programas ya consolidados en Argentina.
Durante la asamblea en Ginebra, Argentina fue el único país del Sur Global que se ausentó en la votación del nuevo Tratado Mundial de Prevención de Pandemias, impulsado por la OMS tras el COVID-19. La ausencia fue señalada por el analista e investigador del CONICET, Bernabé Malacalza, como una pérdida de influencia y credibilidad regional.
“La silla vacía de Argentina evidencia un quiebre en la política sanitaria y diplomática. No es sólo una ausencia física, es una renuncia a incidir en la salud global”, escribió Malacalza en la red X (ex Twitter).
La desvinculación también puede limitar el acceso al financiamiento internacional, dificultando acuerdos con organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID, que trabajan coordinadamente con la OMS en proyectos sanitarios.
Argentina acompaña en esta decisión a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump formalizó también su segunda salida de la OMS. La Casa Blanca denunció que la organización incurrió en “mala praxis” durante la pandemia y otras crisis sanitarias.
Sin embargo, la OMS respondió que la salida de EE.UU., su mayor aportante financiero, agravará su ya crítica situación presupuestaria, y que Argentina era un socio clave en el hemisferio sur para cooperación técnica y programas regionales.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de soberanía, organizaciones de salud y expertos advierten que la desvinculación podría costar vidas y aislar al país en momentos críticos.