El miércoles 25 se dará lugar a invitados presenciales en el Congreso, mientras que el jueves 26 se reservará para quienes participen de manera remota a través de Zoom. En paralelo, se habilitó un sistema digital para que los miles de inscriptos que no tendrán espacio en esas jornadas puedan subir sus ponencias en video a YouTube, siguiendo un procedimiento específico de registro y publicación. El plazo para esta modalidad vence el mismo 26 de marzo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, envió una nota a los legisladores detallando las prerrogativas para el ingreso al recinto. Solo podrán acceder los diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, mientras que los asesores quedarán afuera, salvo dos por bloque político, designados por la Secretaría Parlamentaria. La medida busca garantizar el cumplimiento del aforo y facilitar el trabajo de los diputados y el personal. Pero la oposición cuestionó que, paradójicamente, una audiencia pública termine siendo “más hermética”.
glaciares
José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, están en la mira por la jugada de Milei para limitar la participación en la audiencia por los Glaciares.
La decisión de acotar la audiencia a 200 expositores se complementa con otra restricción: se dará prioridad a los primeros inscriptos por provincia. Este criterio despertó rechazo entre organizaciones sociales y ambientales, que consideran que la audiencia fue “acotada” de manera arbitraria. La Fundación Greenpeace Argentina, junto con otras entidades, presentó una medida cautelar contra la Cámara de Diputados, que quedó radicada en el juzgado de Enrique Lavié Pico.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, impide actividades extractivas en zonas de glaciares y ambientes periglaciares. Su modificación busca flexibilizar esos límites, lo que abre la puerta a proyectos mineros y energéticos en regiones cordilleranas. Para los defensores de la reforma, se trata de compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental. Para sus críticos, es un retroceso que pone en riesgo reservas de agua y ecosistemas estratégicos.
Un debate comprimido
La audiencia pública, aunque no vinculante, se convierte en un escenario simbólico donde se cruzan intereses políticos, económicos y ambientales. La decisión de restringir la participación presencial y acotar el tiempo de exposición refleja la voluntad oficial de controlar el proceso, pero también expone el riesgo de que voces relevantes queden marginadas. En cada intervención, breve y medida, se condensará la tensión entre desarrollo y preservación, entre urgencia económica y futuro ambiental.
