La fórmula que lidera Ismael Farrando presentó un amparo en la justicia. Acusan a Adorni de incumplir la ley de financiamiento que afecta a la UNCuyo.
Ismael Farrando, candidato a rector de la UNCuyo junto a su compañera de fórmula, Jimena Estrella.
En medio de una de las crisis presupuestarias más severas que enfrenta el sistema universitario argentino en las últimas décadas, la fórmula integrada por Ismael Farrando y María Jimena Estrella Orrego, para conducir la UNCuyo, presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado nacional para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
La demanda judicial fue dirigida contra la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente encabezada por Manuel Adorni, y plantea un fuerte cuestionamiento político e institucional: según el escrito, la falta de aplicación de la Ley 27.795 no responde a impedimentos técnicos ni jurídicos, sino a una decisión política del funcionario nacional.
En la presentación, los impulsores del amparo sostienen que el jefe de Gabinete cuenta con facultades constitucionales y legales suficientes para reestructurar partidas presupuestarias y garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, norma que fue ratificada por el Congreso con los dos tercios de ambas cámaras y que continúa vigente.
El planteo remarca que la Constitución Nacional establece que la Jefatura de Gabinete tiene la responsabilidad de ejecutar el Presupuesto Nacional. Además, señala que tanto la Ley de Administración Financiera como la actual Ley de Presupuesto habilitan expresamente la reasignación y reestructuración de partidas.
En ese marco, el eje central del amparo apunta directamente contra la administración nacional: “Manuel Adorni puede resolver administrativamente el financiamiento universitario, pero políticamente decide no hacerlo”, sostiene la presentación judicial.
La acción impulsada por Farrando y Estrella Orrego busca que la Justicia Federal ordene el cese inmediato de la “omisión inconstitucional” atribuida a la Jefatura de Gabinete y obligue al Estado nacional a ejecutar las partidas necesarias para recomponer salarios docentes y garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.