-El comercio cree que su problema pasa por los trabajadores y no por las ventas bajas.
-Auspician la precarización de convenios y terminar con multas y juicios.
Con las ventas deprimidas, Hebe Casado convocó al comercio.
Mendoza fue epicentro de la discusión política y económica regional bajo las molduras de la Legislatura Provincial. Lo que se presentó como una jornada de "bajada a tierra" de la Reforma Laboral nacional, terminó por exponer las tensiones de un sector que oscila entre el alivio por el fin de ciertas multas y el escepticismo ante una reactivación invisible.
El Dr. Juan Pablo Diab, asesor legal de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fue el encargado de explicar un nuevo tablero de juego donde, supuestamente, las PyMEs dejarán de ser rehenes del sistema judicial.
Sin embargo, detrás de la retórica del "debate plural", subyace una realidad incómoda: la provincia intenta armonizar normativas nacionales en un contexto de consumo interno deprimido. Si bien la presencia de cámaras sectoriales intentó dar una pátina de federalismo al encuentro, la sensación imperante es que la letra fría de la ley aún está lejos de las persianas que bajan en el Gran Mendoza.
La Vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, lideró la apertura con un tono que buscó mezclar la gestión técnica con el imperativo moral. Para Casado, la modernización laboral es la única salida contra la informalidad, ese flagelo que en la provincia alcanza niveles alarmantes. El Gobierno Provincial insiste en vender un "ecosistema de previsibilidad", pero para el pequeño empresario, la previsibilidad no solo emana de la ley, sino de una macroeconomía que hoy no ofrece tregua.
El discurso del Ejecutivo parece ignorar que, sin una mejora sustancial en la demanda, no hay reforma —por más flexible que sea— que incentive a un comerciante a contratar a un nuevo empleado.
Desde la trinchera del sector servicios, Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITyS), puso voz al reclamo histórico de la Ciudad de Mendoza. Alín no ahorró críticas hacia la "industria del juicio" y los costos indirectos de contratación, calificando la situación actual como una asfixia constante.
Para el titular de la CECITyS, la reducción de la litigiosidad es la única métrica de éxito válida para esta reforma. No obstante, queda en el aire el interrogante de si la eliminación de multas y el cambio en el cálculo de indemnizaciones serán suficientes para compensar la presión impositiva que sigue recayendo sobre las espaldas de los comerciantes mendocinos.
El cierre estuvo a cargo del Dr. Juan Pablo Diab, quien desmenuzó los aspectos técnicos de la normativa. El abogado de CAME defendió el saneamiento de las contingencias laborales, argumentando que muchas empresas locales han quebrado no por mala gestión, sino por sentencias judiciales desproporcionadas. Diab utilizó un concepto llamativo: la "humanización" de la relación laboral, basada en la seguridad jurídica.
Bajo esta lógica, la eliminación de penalidades que antes multiplicaban las indemnizaciones se presenta como el "puente" hacia la registración. Pero el análisis crítico sugiere que este puente podría ser unidireccional si no se acompaña de una protección real al eslabón más débil de la cadena. La promesa de Diab es clara: "dar garantías para que el empleo exista". La pregunta que quedó flotando en los pasillos de la Legislatura es si esas garantías serán suficientes para transformar el miedo al crecimiento en una inversión real en un año que se perfila complejo para el entramado productivo de Mendoza.