Un proyecto de ley intenta que se apruebe un acuerdo con fondos buitre que no acordaron en otras instancias.
Un proyecto de ley intenta que se apruebe un acuerdo con fondos buitre que no acordaron en otras instancias.
Un proyecto de ley intenta que se apruebe un acuerdo con fondos buitre que no acordaron en otras instancias.
El próximo miércoles, mientras Manuel Adorni exponga en la Cámara de Diputados, el oficialismo en el Senado intentará dar un paso decisivo en materia de deuda externa. En el Salón Azul, desde las 11.30, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión Nacional —esta última deberá constituirse previamente— para debatir el proyecto de ley que aprueba los acuerdos de conciliación con dos fondos buitre que permanecían fuera de los pactos alcanzados por la Argentina en años anteriores.
La iniciativa, enviada el 20 de abril, contempla el pago de 171 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Ambos iniciaron demandas en 2001 y quedaron al margen del acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) advirtió en los fundamentos que la falta de aprobación parlamentaria antes del 30 de abril de 2026 —fecha límite fijada en los contratos— provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando al país a retomar litigios bajo condiciones financieras más gravosas.
El Gobierno subrayó que los convenios permitirán levantar embargos sobre activos argentinos y que implican una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas. De este modo, se cancelarán pasivos litigiosos por un monto menor al que resultaría de una ejecución judicial, evitando además intereses punitorios bajo la ley de Nueva York.
El acuerdo establece el pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo liderado por Attestor, de manera simultánea a la acreditación de bonos libres de gravamen para su inmediata cancelación.
La estrategia oficial se enmarca en la política de “normalización de los servicios de la deuda pública” prevista en la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, que habilita al Ministerio de Economía a continuar con la resolución de pasivos heredados de juicios internacionales.
