- El gobierno de Mendoza quedó en piloto automático por vacaciones.
- Alfredo Cornejo reasumirá con un mundo distinto al del año pasado.
Alfredo Cornejo está en Chile.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, bajo la administración de Donald Trump genera un efecto de pinza sobre Mendoza. Por un lado, envalentona al gobierno provincial en la alineación política con Javier Milei y Donald Trump, pero, por otra parte, afianza las chances para acelerar la minería. Aunque también amenaza con desviar inversiones críticas que la provincia necesita para su desarrollo energético.
La historia dirá que el 3 de enero de 2026 Donald Trump pateó el tablero de la geopolítica haciendo volar todas las piezas. En el link a Mendoza del hecho histórico dirá que el gobierno provincial estaba a cargo de la vice Hebe Casado, mientras Alfredo Cornejo vacacionaba en Chile.
Con las vacaciones, Cornejo cerró el capítulo más desafiante de sus dos entregas al frente de la provincia (2015-2019 y 2023-2027) con los mejores resultados para sus planes: cerró un acuerdo político con Milei, ganó las elecciones de medio término y logró aprobar el primer proyecto de minería metalífera en la provincia bajo el imperio de la Ley 7722. Con la arena política en calma, la minería suelta de manos para desarrollarse y el conflicto social derivado más o menos controlado con la Policía y la Justicia, no había razones para dudar de un inicio de año más que tranquilo para la administración provincial.
Lo vio tan así Cornejo que decidió poner la administración de la provincia en piloto automático la primera quincena de enero: además de tomar sus vacaciones en ese periodo, habilitó a hacer lo propio a Casado (desde el primer fin de semana del año) y Martín Kerchner, presidente provisional del Senado. Dejó al frente de la Gobernación al tercer funcionario en la línea sucesoria: Andrés Peti Lombardi, titular de Diputados.
Desde ese lugar, la patada de Trump al tablero de la geopolítica se convierte en uno de los más grandes cisnes negro para la economía y la política de la provincia en una infinidad de años. Se considera cisne negro porque sus consecuencias eran imprevisibles de antemano. El cisne negro de la tercera madrugada del año encontró a Cornejo en el inicio del descanso veraniego. En su regreso al mando efectivo desde su despacho en Peltier 351, Cornejo se encontrará con un mundo cambiado respecto al que dejó antes partir a cerrar el año al otro lado de la Cordillera.
A poco de reinsertarse en la rutina diaria, el gobernador recibirá a un funcionario de Javier Milei. El ministro del Interior, Diego Santilli, ha reactivado los motores de la gestión política con una gira federal de alto voltaje. A mediados de la semana que viene llegará a Mendoza con una misión crítica: alinear a la tropa radical detrás de la reforma laboral.
El anfitrión será el gobernador Alfredo Cornejo, un aliado estratégico pero pragmático, que recibe al enviado de Milei con la carpeta de reclamos abierta sobre el escritorio. Si bien la sintonía política entre el Ejecutivo y el mandatario mendocino es fluida, la discusión de fondo excede las afinidades ideológicas y toca la fibra más sensible de la administración federal: la caja.
Se produjo un giro vehemente en la historia: el reacomodamiento tras la patada al tablero de Trump le permitió a Estados Unidos moverse hacia un lugar más cómodo para la confrontación abierta contra China. El gigante asiático aparece como el principal derrotado por la acción de Estados Unidos en Venezuela, que, además, le puso los clavos al cajón del derecho internacional, arrasado por la Ley del más fuerte, promovida por el gobierno de Estados Unidos.
El terremoto en la geopolítica encontró a Mendoza en pleno proceso de reconfiguración económica, acelerado por la habilitación institucional para el desarrollo de la minería metalífera. La incorporación de la minería a la matriz productiva tiene derivaciones sociales y políticas, como quedó demostrado acabadamente en la provincia. El rechazo social a la actividad sostiene un conflicto permanente, mientras la postura frente a la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge fue una bisagra para bifurcación del peronismo de Mendoza.
Cuando la noticia de la captura de Nicolás Maduro empezó a circular con fuerza en las pantallas del mundo, en los sectores empresariales de Mendoza despuntó una señal del impacto cultural de la reconfiguración económica: el caso se leyó por sus efectos económicos, antes que por sus implicancias política. Si subía o bajaba el precio del cobre fue la primera incógnita a develar, mientras en las noticias se especulaba con el futuro del gobierno de Venezuela.
El hecho se filtró rápido en dos conversaciones que rara vez se cruzan sin tensión: la del petróleo y la de la minería. El giro geopolítico presenta una paradoja para los entusiastas del proceso de transformación de la matriz productiva con más lugar para el extractivismo. Los analistas coinciden en que hay condiciones para que enfrían las expectativas en la “lengua mendocina” de Vaca Muerta, al mismo tiempo que estimulan las puestas en la extracción de cobre en Uspallata por parte San Jorge.
En oficinas vinculadas al sector energético se repite una inquietud que no suena a catástrofe inmediata, pero sí a desplazamiento silencioso: el llamado cisne gris. La hipótesis es concreta: una Venezuela reintegrada al mercado occidental, bajo una lógica de “activo recuperado” por Estados Unidos, vuelve a competir por el mismo capital que hoy se reparte con lupa entre proyectos globales.
Para las grandes petroleras, el cálculo suele ser menos épico que financiero. Recuperar pozos convencionales en Venezuela puede resultar más rápido, más rentable y con menor incertidumbre que apostar fuerte por Malargüe, donde la porción mendocina de Vaca Muerta todavía transita una etapa piloto/experimental y enfrenta una complejidad geológica mayor que la zona núcleo neuquina. En otras palabras: el riesgo Mendoza no solo es técnico, también es de timing. Si los dólares petroleros encuentran en Caracas un retorno más veloz, la curva de desarrollo del shale mendocino podría ralentizarse.
La escena deja una sensación incómoda: lo que parecía una ventana de oportunidad para acelerar exploración y aprendizaje local podría quedar, por un tiempo, relegado por una prioridad hemisférica distinta. No porque el recurso mendocino desaparezca, sino porque el mundo —y sus billeteras— decide mirar hacia otro lado.
En el otro extremo del mapa provincial, el clima es distinto. El cobre, empujado por la inestabilidad geopolítica y por la carrera de las potencias por asegurar cadenas de suministro, se volvió un refugio y una necesidad estratégica. Para Estados Unidos, garantizar minerales críticos fuera de la órbita china no es un slogan: es un objetivo de seguridad.
Allí aparece San Jorge, en Uspallata, con una lectura que circula entre analistas: la coyuntura opera como un “acelerador de partículas” para el proyecto. Con la protección legal reciente que Mendoza le otorgó, San Jorge deja de ser solo una iniciativa extractiva discutida en clave local. Pasa a presentarse también como una pieza útil en una arquitectura occidental de abastecimiento, un argumento que suele abrir puertas donde antes había dudas.
Esa nueva narrativa tiene un efecto concreto: facilita el financiamiento externo. Lo que antes podía trabarse por incertidumbre regulatoria, por costo reputacional o por falta de “prioridad global”, ahora encuentra una justificación más amplia. En el lenguaje de los mercados, el proyecto gana estatus: negocio, sí, pero también “activo geopolítico”.
En la política mendocina, el gobernador Alfredo Cornejo aparece ubicado —según su propio discurso y el de su entorno— “del lado ganador” de la nueva configuración regional. La sintonía con Javier Milei y con el universo político que gravita alrededor de Donald Trump refuerza el perfil de Mendoza como bastión pro-mercado y antikirchnerista.
La celebración rápida del gobierno provincial tras el hecho no se leyó sólo como reacción ideológica: se entendió como mensaje. En la lógica de atracción de inversiones, Mendoza busca ser vista por Washington como “socio confiable”, con foco en minería y agroindustria. El gesto, sin embargo, tiene costo potencial: alinearse sin matices puede traer riesgos diplomáticos y dejar menos margen si el tablero internacional vuelve a girar.
En esa misma trama entra un factor social interno: la comunidad venezolana en Mendoza, estimada entre 4000 y 5000 personas. Su celebración y su influencia en el clima de opinión le aportan al gobierno provincial un respaldo doméstico para sostener una postura dura en política exterior, algo poco habitual en la agenda de una provincia pero cada vez más presente cuando la economía depende de señales externas.
Mendoza atraviesa un momento en que la geopolítica no es un titular lejano: se traduce en tasas de financiamiento, prioridades corporativas y alineamientos políticos.
La paradoja queda servida: el nuevo orden puede enfriar el petróleo mendocino mientras calienta el cobre; puede abrir puertas en Washington mientras estrecha márgenes diplomáticos; puede prometer mercados futuros para el vino mientras encarece el viaje de cada botella.