- El gobierno de Mendoza licitó la repavimentación de la Ruta 7, que abandonó Milei.
- Alfredo Cornejo anunció las obras evitando relacionarlas a la motosierra de su socio libertario.
Signo de los tiempos que corren: Mendoza está gastando sus ahorros en obras abandonadas por el presidente Javier Milei. Ni Portezuelo ni Los Blancos, la motosierra presidencial está aspirando los fondos del resarcimiento por los años de promoción industrial en jurisdicciones vecinas.
Atrás quedó la disputa entre Portezuelo del Viento y Los Blancos como destino del resarcimiento. El gobernador Alfredo Cornejo decidió asumir obras nacionales con los fondos que por años fueron objeto de tironeos y operaciones cruzadas en el círculo rojo mendocino, que integran los líderes políticos, empresarios y mediáticos.
"Esas rutas no son competencia provincial, pero igual debemos hacernos cargo porque la Nación no lo hace", justificó el mandatario provincial cuando promediaba el año y crecían las quejas por la falta de mantenimiento de la infraestructura de jurisdicción nacional y la erradicación de las nuevas obras.
La alternativa que sugirió Milei para que haya obras es que se construyan con fondos privados y se facture el costo más la renta a los usuarios. Cornejo, su socio, prefirió avanzar sobre los fondos que quedaron sin destino ante la caída de su estrategia provincial para hacer el dique Portezuelo del Viento, derrotada por las provincias vecinas lideradas por La Pampa.
El Gobierno provincial lanzó este jueves (4/12/2025) dos licitaciones para modernizar 30 kilómetros de la ex Ruta Nacional 7. Aunque se trata de una obra de jurisdicción nacional, la Nación se desentendió de su ejecución bajo el argumento del ajuste fiscal "más grande la historia de la humanidad", según el Presidente.
Mendoza echó mano al fondo del resarcimiento para sostener una infraestructura clave para la movilidad y la producción. La licitación comprende dos tramos del Acceso Este, el corredor vial más transitado del Área Metropolitana. La intervención abarcará 30,4 kilómetros entre Maipú y Guaymallén, con un presupuesto que supera los 128 mil millones de pesos.
Lo llamativo es que, pese a tratarse de una ruta de jurisdicción nacional, la obra será financiada íntegramente con fondos provinciales. La decisión responde a la negativa del gobierno de Javier Milei de destinar recursos a este tipo de proyectos, amparado en la política de ajuste fiscal que guía su gestión. En consecuencia, Mendoza apelará a los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, un recurso recuperado tras años de reclamos judiciales contra la Nación.
El acuerdo para reparar los daños de la promoción entre Mendoza y la Nación se firmó en la fase final de las gestiones de Néstor Kirchner, en la Presidencia, y Julio Cobos, en la Gobernación (2003-2007), en plena negociación del acuerdo electoral entre ambos que le dio vida a la Concertación (PJ-UCR).
Cobos llegó a la Vicepresidencia y ahí nomás rompió, y Kirchner se murió antes de que el acuerdo terminara de ejecutarse, con la remesa de los fondos de la Nación a la provincia.
Las últimas firmas en la transacción para saldar los perjuicios económicos que pagó Mendoza por la promoción las estamparon Cornejo y Mauricio Macri, durante sus mandatos de 2015 - 2019. Mientras que Cornejo tomó la decisión de desviar los fondos provenientes del resarcimiento a la obra pública que se cargó el ajuste de Milei transitando la mitad de su segundo mandato (203 -2025).
Más allá de los detalles técnicos, la decisión de financiar con recursos provinciales una obra de jurisdicción nacional expone un trasfondo político y económico. El gobierno de Milei ha dejado en claro que no destinará fondos a proyectos de infraestructura que, según su visión, deben ser asumidos por las provincias.
El ajuste fiscal, convertido en bandera de gestión, implica que rutas nacionales como el Acceso Este queden fuera de la agenda de inversión de la Nación. Mendoza, en consecuencia, se ve obligada a destinar recursos propios para sostener la competitividad logística y el desarrollo productivo del Gran Mendoza.
La paradoja es evidente: mientras la Nación se desentiende de su responsabilidad, la provincia debe asumir el costo de obras estratégicas para el comercio, la industria y la vida cotidiana de miles de mendocinos.
El primer acto administrativo se realizará el 22 de diciembre en la Casa de Gobierno y corresponde al tramo entre Lamadrid y Arturo González, en Maipú. El presupuesto oficial asciende a $57.857.662.026,74.
El segundo, previsto para el 23 de diciembre, contempla la modernización del tramo Nudo Vial–Arturo González, en Guaymallén, con un presupuesto de $70.510.746.262,00. En total, la inversión provincial supera los 128 mil millones de pesos, una cifra que dimensiona tanto la magnitud de la obra como el esfuerzo financiero que deberá afrontar la provincia.
La ex Ruta Nacional 7 concentra un tránsito medio diario anual superior a 35 mil vehículos en el tramo de Maipú y alcanza los 120 mil en Guaymallén. La saturación es evidente y la infraestructura actual resulta insuficiente para sostener semejante flujo.
El proyecto busca aliviar esa presión con mejoras estructurales y urbanas. En Maipú se repavimentarán 18,8 kilómetros, se reconstruirá la base de la autopista, se renovarán banquinas y sistemas de contención, y se instalará nueva señalización. Diez intersecciones principales serán intervenidas, lo que representa cerca del 30% del presupuesto total.
En Guaymallén, la obra contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido, el ensanche de los puentes Ponce y Pescara, y la construcción de tres cruces elevados para restablecer la conectividad norte–sur entre barrios. También se rediseñará el sistema pluvial en el tramo Sarmiento–Tirasso y se sumarán ciclovías, iluminación LED y áreas verdes.
El uso de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial permite financiar la obra, pero también abre interrogantes sobre la sostenibilidad de este esquema. Se trata de recursos extraordinarios, no de ingresos corrientes, lo que plantea dudas acerca de la capacidad de la provincia para sostener futuras intervenciones de similar magnitud.
Además, la decisión marca un precedente: si la Nación mantiene su negativa a invertir en infraestructura, las provincias deberán elegir entre resignar obras o asumirlas con fondos propios, con el consiguiente impacto en sus presupuestos.