- El gobernador cuestionó la normativa que prohíbe explotar minerales en torno a los glaciares.
- Milei había adelantado que tomó de Cornejo la idea de la ley.
Alfredo Cornejo cuestionó la prohibición a la minería en torno a los glaciares.
En una semana decisiva para la gestión de Javier Milei, el oficialismo acelera la modificación de la Ley de Glaciares como ofrenda a las provincias andinas. A cambio, busca blindar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026. El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, se posiciona como voz cantante del reclamo federal: "Hay que resolver los vacíos de interpretación", dijo.
“Mendoza está un paso adelante de esa ley, porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que están en la actualidad”, sostuvo Cornejo.
El calor de diciembre no es lo único que eleva la temperatura en los pasillos del Congreso de la Nación. Mientras el calendario legislativo se agota, la Casa Rosada ha puesto en marcha una maquinaria de negociación política de alto voltaje que vincula dos expedientes aparentemente disímiles, pero políticamente inseparables: la "Ley de Leyes" —el Presupuesto 2026— y la modificación de la Ley de Protección de Glaciares.
La estrategia del oficialismo es clara: flexibilizar las restricciones ambientales que hoy frenan el desarrollo minero en la zona cordillerana para garantizarse el apoyo de los bloques que responden a los gobernadores de las provincias mineras. En este tablero de ajedrez, la figura del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emerge como un alfil clave, brindando el sustento técnico y político a una reforma que el Ejecutivo nacional considera vital para atraer inversiones.
El nudo del conflicto reside en la definición de las áreas "periglaciares". La normativa vigente, sancionada hace 15 años, estableció una prohibición genérica sobre estas zonas que, según las provincias mineras, carece de precisión técnica y funciona, en la práctica, como un cepo al desarrollo.
En cambio, los activistas ambientales aseguran que la Ley de Glaciares, que Milei y Cornejo buscan hachar, evita el avance de las operaciones mineras sobre los glaciares de la Cordillera de los Andes.
Alfredo Cornejo ha salido a defender con vehemencia la iniciativa del presidente Javier Milei, argumentando que la actual redacción es una trampa burocrática. "Se trata de una norma que lleva 15 años de vigencia y que nunca logró resolver vacíos de interpretación, como el concepto de área periglaciar", sostuvo el mandatario mendocino este martes en declaraciones a la prensa.
Para Cornejo, la parálisis de los proyectos mineros planteados en distintas zonas cordilleranas es la prueba del fracaso de la ley actual: "Está en ejecución hace 15 años y no se ha hecho ningún proyecto, porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar". Lo que cuestionó Cornejo es precisamente lo que le da valor superlativo a la normativa vigente a la vista de la resistencia contra la expansión del modelo minero que promueven los gobernadores de la zona Andina.
"La postura de Mendoza es que la protección ambiental no debe ser sinónimo de prohibición absoluta, sino de gestión técnica rigurosa", enfatizó el mandatario provincial.
El gobernador explicó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado no es un salto al vacío, sino que replica estándares que su provincia ya utiliza. "Mendoza está un paso adelante de esa ley", afirmó, detallando que los procedimientos locales incluyen la intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para inventariar cada zona antes de cualquier intervención. "En las zonas periglaciares se hacen los estudios convenientes para que no se perjudique al glaciar", aclaró, buscando desarticular las críticas de los sectores ambientalistas más duros.
Fuentes parlamentarias confirmaron que existe un acuerdo tácito entre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y los mandatarios de la Mesa del Cobre y el Litio. La ecuación es pragmática: la Nación necesita aprobar el Presupuesto 2026 para enviar una señal de solvencia fiscal a los mercados y al FMI; las provincias necesitan destrabar la Ley de Glaciares para habilitar proyectos cupríferos de gran escala que hoy están en el limbo.
En Mendoza, ese toma y daca recalienta el conflicto social derivado del avance del gobierno en los trámites para la habilitación de proyectos mineros, luego de dos décadas de estancamiento como consecuencia de una fuerte resistencia popular.
Los diputados y senadores que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza han mostrado predisposición favorable al Presupuesto del presidente libertario. Cornejo es socio minoritario de La Libertad Avanza desde la conformación conjunta de las listas de candidatos para las elecciones de medio término realizadas el 26 de octubre. La sociedad electoral entre Milei y el mendocino se trasladó rápidamente a la gestión. El Presidente le adjudicó a Cornejo la iniciativa contra la Ley de Glaciares, ya que dijo que se inspiró en una charla con el mendocino para definir el proyecto.
No es casualidad que Cornejo enfatice la seguridad jurídica de los procesos actuales: "Nadie pretende hacer ni minería ni ninguna otra actividad en zonas glaciares", sentenció. Su argumento es que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que ya aprueba la Legislatura mendocina demuestran que es posible convivir con la actividad extractiva sin tocar las reservas de agua estratégicas. "Eso es lo que ha hecho Mendoza", remató.
El gobernador Cornejo asumió su segundo mandato alternado en la provincia con la decisión de enfrentarse a la protesta social con un plan minero voraz. Dos años después, el mandatario avanzó con el trámite legislativo para la habilitación del primer proyecto metalífero en la provincia a cargo de la minera San Jorge, que pide pista para entrar con personal, máquinas, químicos específicos y explosivos para romper la roca cordillerana que guarda cobre y oro en Uspallata.
Con la sanción de la Declaración de Impacto Ambiental a favor de San Jorge, el gobierno dio un paso significativo hacia la concreción de la primera explotación comercial de cobre en el país. En esa instancia, Cornejo ratificó su postura frente al reclamo popular: nunca le abrió espacio a la discusión con la resistencia, limitándose a dejar a los manifestantes a merced de la policía y la Justicia.
La fuerza armada provincial ejecutó una represión en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Además, procedió a la detención de 13 manifestantes. Luego fue el turno del fiscal Fernando Giunta, alineado a las órdenes del gobernador. A cuatro días de la represión policial y las detenciones, Renzo y Facundo Gollano permanecen detenidos en el Polo Judicial, bajo amenaza de ser trasladados a la cárcel.
La modificación propuesta por Milei busca transferir mayor potestad a las provincias para definir el inventario de sus recursos y delimitar con precisión qué es un ambiente periglaciar y qué no lo es. Bajo la ley actual, la definición amplia abarca suelos congelados que, en ocasiones, no tienen relevancia hídrica, pero que bloquean el acceso a yacimientos minerales críticos.
El gobierno nacional apuesta a que, al clarificar estos límites, Argentina pueda subirse finalmente al boom de la demanda global de cobre, esencial para la transición energética. Para los gobernadores, esto significa regalías y empleo genuino; para la Casa Rosada, es la llave para conseguir los votos que le faltan y cerrar el año con el Presupuesto aprobado.
En definitiva, lo que se debate esta semana en el Congreso es mucho más que la letra chica de dos leyes. Es la reconfiguración del pacto federal, donde los recursos naturales y la gobernabilidad fiscal se cruzan en una negociación de alto nivel. Si la jugada sale bien, Milei tendrá su presupuesto y los gobernadores, su minería. Si sale mal, el verano político promete ser tan árido como las zonas que hoy están en disputa.