- El proyecto más temido por los ambientalistas empieza a discutirse.
- Mile había dicho que la idea de dinamitar los periglaciares se la dio Cornejo.
Cornejo y Milei comparten la voracidad por los metales de la cordillera.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, aprobada en 2010. El Presidente había confirmado que modificaría la norma, a la vez que reveló que la idea se la sugirió el gobernador Alfredo Cornejo.
Según un comunicado oficial difundido por la Oficina de la Presidencia, la norma actual presenta "graves falencias" que, bajo "pretextos ideológicos", han obstaculizado el desarrollo económico del país. Javier Milei avanzó con la ofensiva política —administrativa y legislativa— para modificar la Ley de Glaciares (26.639) y habilitar la minería en ambientes periglaciares. Fue en la víspera de la llegada a Mendoza de los cuatro mandatarios de la llamada Mesa del Cobre: Se trata de una de las ideas que el libertario lanzó al ruedo para ganar respaldo parlamentario de los gobernadores mineros en las reformas que pretende impulsar en el nuevo Congreso.
El oficialismo esgrimió que el objetivo del presidente es ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y promover un federalismo ambiental alineado con la Constitución Nacional. Esta iniciativa se enmarca en las sesiones extraordinarias y responde a reclamos de provincias mineras, aunque genera debates sobre su impacto ambiental.
La Ley N° 26.639, conocida como el "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial", fue sancionada en 2010 con el fin de proteger estos recursos naturales vitales. Define un glaciar como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación".
Incluye como parte constituyente el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Además, la norma establece el concepto de ambiente periglacial: en la alta montaña, se refiere al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico; en la media y baja montaña, abarca zonas que funcionan como reguladores de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
El artículo 6 prohíbe actividades como la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, así como cualquier acción que pueda alterar la dinámica natural del hielo, la calidad del agua o involucrar el almacenamiento de sustancias tóxicas.
Esta legislación busca equilibrar la preservación ambiental con el desarrollo, aunque el Gobierno actual la critica por sus "falencias" y propone reformas para clarificar definiciones y fortalecer el rol provincial.
La provincia de Mendoza, junto con otras como San Juan, forma parte de la Mesa del Cobre, y ha sido una de las impulsoras de la modificación propuesta. El gobernador Alfredo Cornejo conversó con el presidente Javier Milei sobre la necesidad de una definición más clara de zonas glaciares y periglaciares, permitiendo mayor participación provincial.
Según el Gobierno, la reforma busca destrabar inversiones por US$35.000 millones en proyectos de explotación de cobre, muchos de los cuales están paralizados por interpretaciones de la ley actual.
Empresas del sector, representadas por el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, destacan que el 75% de los proyectos de cobre anunciados se ven afectados por clasificaciones como ambientes periglaciares. La modificación facilitaría el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promoviendo el desarrollo económico en Mendoza y otras provincias.
El proyecto enfatiza el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, y busca una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares para decisiones informadas.
La Ley de Glaciares original representa un avance en la protección ambiental, al resguardar masas de hielo que actúan como reservas hídricas cruciales para ecosistemas y comunidades. Según el Gobierno, la reforma propuesta no debilita esta protección, sino que la enfoca en glaciares con "función hídrica efectiva", fortaleciendo estándares ambientales y eliminando discrecionalidades ideológicas. Se reafirma el mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano.
Entre los beneficios destacados, la modificación promueve un "federalismo ambiental" que integra información precisa del Inventario Nacional de Glaciares, mejorando la toma de decisiones y la evaluación de impacto ambiental por parte de autoridades provinciales.
Esto podría optimizar la preservación de recursos hídricos en regiones como la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre, asegurando que las actividades económicas sean compatibles con la sostenibilidad. Sin embargo, el comunicado oficial no menciona a provincias patagónicas, donde se concentran los principales glaciares del país, lo que genera interrogantes sobre la cobertura integral de estos beneficios ambientales.
La implementación de la Ley de Glaciares ha enfrentado desafíos desde su sanción, con el Gobierno actual señalando "interpretaciones arbitrarias" que han frenado el desarrollo. La reforma busca resolver esto mediante reglas claras y mayor rol provincial, alineada con la agenda libertaria de desregulación y liberación de fuerzas productivas.
No obstante, más de 25 organizaciones ambientales de todo el país han expresado preocupación, argumentando que las modificaciones habilitarían minería de gran escala con alto impacto, potencialmente causando la pérdida de agua almacenada en glaciares y degradación ambiental.
Críticos destacan que la ley actual prohíbe actividades dañinas, y su flexibilización podría contradecir el espíritu protector. El proyecto responde a reclamos de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy, pero omite referencias a regiones patagónicas, intensificando el debate sobre equidad federal.
Gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) apoyan la iniciativa, mientras que ambientalistas advierten riesgos para el recurso hídrico. Esta controversia subraya la tensión entre desarrollo económico y preservación, con el Congreso como árbitro en las sesiones extraordinarias.