-El gobierno de Javier Milei consiguió consenso con cambios para la reforma laboral.
-La oposición colaboracionista pactó. Ocho de los 10 mendocinos a favor.
Diputados aprobó la Reforma Laboral.
En una jornada que marcará un antes y un después en el paradigma productivo del país, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este viernes (20/2/2026) el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei. La iniciativa contaba con media sanción, pero al ser modificada vuelve al Senado. Hoy quedaría sancionada.
La votación se produjo pasada la medianoche del jueves. Resultó con 135 votos a favor y 115 en contra. La aprobación se sustentó con votos de La Libertad Avanza más sus aliados macristas y radicales, además de la confluencia de los diputados amarrados a la voluntad de varios gobernadores, entre ellos un grupo de peronistas que participaron en las listas de Unión por la Patria en octubre del año pasado, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
El jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, lanzó una advertencia frente a la reforma laboral de Javier Milei. El legislador aseguró que, de recuperar la mayoría parlamentaria en los próximos turnos electorales, el peronismo avanzará en la derogación de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.
La sesión, que se extendió por más de doce horas, culminó con una votación que reflejó la fragmentación y, a la vez, los nuevos consensos de la política actual. Con el apoyo de los bloques aliados y una parte del denominado "sector dialoguista", el oficialismo logró imponer los puntos clave de una normativa que altera aspectos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo.
El corazón de la reforma aprobada por los legisladores se asienta sobre la flexibilización de las modalidades de contratación y la reducción de la litigiosidad. Uno de los puntos más debatidos fue la implementación del Fondo de Cese Laboral, un modelo inspirado en el sistema de la UOCRA, que permitirá a las empresas y trabajadores sustituir las indemnizaciones tradicionales por un fondo de capitalización.
Además, la ley contempla la extensión del período de prueba, que pasará de los tres meses actuales a un máximo de ocho en empresas de menor envergadura. Esta medida fue defendida fervientemente por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CAME, quienes sostienen que la rigidez del sistema anterior actuaba como un "chaleco de fuerza" para la creación de empleo genuino en el sector de las PYMES.
Mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem, dirigía el debate, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se congregaron columnas de la CGT y las dos vertientes de la CTA. Los cánticos y las pancartas denunciaban lo que las centrales obreras consideran un "atropello a los derechos adquiridos".
En Mendoza también se registraron manifestaciones de protesta mientras la Cámara de Diputados sesionaba en la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado Máximo Kirchner, referente de la oposición dura, calificó la jornada como un "retroceso social" que solo beneficia a los grandes capitales concentrados. Por el contrario, desde las filas de La Libertad Avanza, el bloque oficialista celebró el resultado como una victoria de la libertad individual. Según expresaron en el recinto, la normativa busca regularizar a millones de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad, mediante un sistema de blanqueo laboral que condona multas a los empleadores que registren a su personal.
El texto sancionado incluye una moratoria para la regularización de vínculos laborales no registrados. Este punto resultó crucial para obtener el apoyo de gobernadores provinciales, interesados en dinamizar las economías regionales.
El impacto se sentirá de inmediato en el mercado. Expertos laboralistas señalan que la eliminación de las llamadas "multas laborales" reducirá drásticamente los reclamos de los trabajadores a los empleadores por sus violaciones a los derechos laborales. Juristas vinculados al derecho del trabajo advierten que la constitucionalidad de varios artículos podría ser cuestionada en la Corte Suprema de Justicia.
Para el Gobierno de Javier Milei, es un mensaje a los inversores internacionales sobre la nueva dirección de la economía nacional. Ahora, la mirada se traslada al Poder Ejecutivo, que deberá reglamentar la ley en las próximas semanas para que los cambios comiencen a regir plenamente.
La jornada cerró con una sensación de alivio en los despachos oficiales y de máxima alerta en los sindicatos, quienes ya han sugerido que el conflicto se trasladará ahora a los tribunales y a la calle.