-El pedido de informes que encabeza el socialista Esteban Paulón incluye a funcionarios.
-Sospechan corrupción tras las aprobaciones y entregas crediticias.
Investigan corrupción en la entrega de créditos del Nación.
Santiago TaguaSectores de la oposición en el Congreso de la Nación formalizaron un pedido de investigación para esclarecer las condiciones bajo las cuales el Banco de la Nación Argentina (BNA) otorgó créditos hipotecarios de montos millonarios a una decena de funcionarios, asesores y legisladores pertenecientes a la fuerza oficialista, La Libertad Avanza.
La controversia estalló tras la difusión de datos públicos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el relevamiento, diversos integrantes de la administración de Javier Milei habrían accedido a financiamientos que, en algunos casos, superan los 500 millones de pesos, bajo una línea crediticia que ofrece beneficios sustancialmente superiores a los disponibles para el cliente promedio.
Entre los beneficiarios mencionados en el pedido de informes que encabeza el diputado socialista Esteban Paulón, figuran nombres de peso dentro de la estructura económica y legislativa del Gobierno. Se destaca el caso de Pedro Inchauspe, director del BCRA, quien registraría una deuda de $510.654.000 (aproximadamente US$345.000 al momento de la toma). Asimismo, el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, figura con un pasivo de $367.059.000.
La lista se extiende a la órbita de la comunicación digital y el entorno directo del Palacio de Hacienda. Felipe Núñez, director del BICE y asesor estratégico de Luis Caputo, y Juan Pablo Carreira (conocido en redes sociales como "Juan Doe"), director nacional de Comunicación Digital, también aparecen como tomadores de estos créditos. En el ámbito parlamentario, los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los 230 y 280 millones de pesos.
El eje del cuestionamiento opositor no reside únicamente en el acceso al crédito —un derecho de cualquier ciudadano— sino en las condiciones diferenciales. La línea "+Hogares sector público" permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, mientras que la línea general para el resto de los mortales se limita al 75%. Además, cuenta con una tasa nominal anual del 6%, una de las más competitivas del mercado financiero actual.
"Llama muchísimo la atención el otorgamiento de créditos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios que, en algunos casos, accedieron a ellos tras votaciones trascendentales para el Gobierno", señaló Paulón, quien también elevó un pedido de acceso a la información ante la entidad que hoy preside Darío Wasserman, sucesor de Daniel Tillard.
Ante el impacto de la noticia, el Banco Nación emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para intentar calmar las aguas. La entidad subrayó que el proceso de adjudicación es "homogéneo y sin excepciones", basándose estrictamente en el scoring crediticio de los solicitantes.
Desde la institución explicaron que su fuerte presencia en el mercado hipotecario —donde aseguran otorgar 9 de cada 10 créditos en el país— se debe a que administran las cuentas sueldo del sector público nacional. "Más del 95% de los empleados estatales optan por nuestra entidad", indicaron fuentes del banco, justificando así la masividad de la operatoria.
No obstante, expertos del mercado financiero plantean un dilema ético y técnico: si un funcionario político, cuyo cargo es por naturaleza transitorio y depende de la confianza del Ejecutivo, debe ser equiparado a un empleado público de carrera con estabilidad laboral a la hora de evaluar el riesgo de un préstamo a 20 o 30 años.
Mientras el Ministerio de Economía mantiene el silencio frente a las consultas, el pedido de informes sigue su curso. La sociedad, que aún asimila el ajuste económico, observa con recelo cómo el acceso a la vivienda propia, una quimera para la mayoría de los argentinos, parece haberse resuelto con celeridad en los despachos oficiales.