- San Jorge es el primer proyecto de minería metalífera aprobado con la 7722.
- Cornejo consideró que hay "consenso" para la minería y el proyecto de Uspallata.
Cornejo dijo que la minería tiene consenso en Mendoza.
La reciente aprobación legislativa del Proyecto San Jorge fue presentada por el gobernador Alfredo Cornejo como un triunfo institucional y un paso hacia la diversificación productiva. Pero detrás de los discursos oficiales, el debate sobre la minería a cielo abierto vuelve a encender tensiones históricas en Mendoza. En conferencia de prensa dijo que la minería tiene consenso.
El proyecto contempla la extracción de cobre con contenidos de oro mediante minería a cielo abierto, técnica que implica perforación, voladura y remoción masiva de roca. La empresa San Jorge detalló que el proceso incluirá trituración, molienda, flotación, filtración y secado, con equipos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Aunque se asegura el cumplimiento de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas para procesar óxidos de cobre, la sola mención de explosivos y escombreras despierta inquietud en sectores sociales y ambientales.
Cornejo informó que los primeros movimientos significativos se verán en los próximos meses. Precisó que ya existen compañías explorando en Malargüe y adelantó que “en menos de seis meses” se observarán tareas iniciales en PSJ Cobre Mendocino. Anticipó que la semana próxima la empresa presentará su cronograma detallado. “Queremos ver plazos específicos que, para mí, son de un año para empezar a ver trabajo concreto”, agregó.
Cornejo insistió en que la minería es una política de Estado y que el consenso alcanzado con parte de la oposición legitima la iniciativa. “Estamos preparados como nunca antes para hacer buenos controles”, aseguró, destacando la creación de una Policía Ambiental y mayores capacidades técnicas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y vecinos recuerdan que los antecedentes de fiscalización en la provincia han sido débiles y que la confianza en el Estado no se construye con declaraciones sino con hechos verificables.
El Gobernador prometió que la habilitación de San Jorge elevará los salarios promedio y dinamizará sectores como comercio y transporte. Pero críticos advierten que los beneficios económicos suelen concentrarse en pocas manos, mientras los costos ambientales y sociales recaen sobre las comunidades cercanas a los yacimientos.
El debate legislativo expuso las contradicciones de la oposición. El justicialismo, señalado por Cornejo como “desorientado”, terminó acompañando el proyecto pese a sus históricas reservas frente a la minería.
El kirchnerismo, por su parte, fue cuestionado por el Gobernador por sus “oscilaciones públicas” en temas estratégicos. La crítica apunta a un oportunismo político que, lejos de fortalecer el debate, lo debilita.
La aprobación de San Jorge se inscribe en un contexto de crisis económica y sobrestock de vino que presiona los precios. Para algunos analistas, el oficialismo aprovecha esa coyuntura para instalar la minería como tabla de salvación, aunque sin despejar las dudas sobre su sustentabilidad a largo plazo.
La técnica de perforación y voladura implica detonar explosivos para fragmentar el macizo rocoso. El material es luego transportado para su procesamiento o disposición en escombreras. Aunque la empresa asegura que se trata de procedimientos controlados, especialistas advierten que la minería a cielo abierto genera impactos irreversibles: alteración de paisajes, consumo intensivo de agua y riesgos de contaminación de acuíferos.
La promesa de trabajar de manera continua, las 24 horas del día, refuerza la percepción de una actividad extractiva de gran escala, difícil de compatibilizar con la imagen de Mendoza como provincia vitivinícola y turística.
La aprobación del Proyecto San Jorge marca un punto de inflexión en la política económica de Mendoza. El oficialismo lo celebró como un hito histórico y el gobernador Cornejo lo presenta como una política de Estado. Sin embargo, la minería a cielo abierto sigue siendo un terreno minado de dudas, contradicciones y resistencias.
La promesa de riqueza inmediata convive con el temor a impactos ambientales irreversibles. La técnica de perforación y voladura, el uso intensivo de agua y la generación de escombreras son realidades que no se disipan con discursos tranquilizadores. La confianza en los controles estatales se construye con hechos, no con declaraciones.
El consenso político alcanzado en la Legislatura parece más un acuerdo de coyuntura que una convicción profunda. El justicialismo acompañó con reservas, el kirchnerismo mostró contradicciones, y el oficialismo capitalizó la urgencia económica para instalar la minería como salida. Pero la historia mendocina enseña que los procesos productivos de largo plazo requieren más que oportunismo: necesitan planificación, transparencia y credibilidad.