Más de 600 organizaciones de derechos humanos, sociales, académicas, científicas, de base territoriales, ambientales y personas de todo el país de Latinoamérica han presentado una nota urgente de solicitud de garantías ante el Gobernador, la Ministra de Seguridad y el Procurador General de la Suprema Corte.

"La acción se presenta tras el rechazo del hábeas corpus preventivo colectivo (HC-1849/25) interpuesto en favor de las y los defensores del agua. Las organizaciones firmantes exigen la adopción de medidas concretas para garantizar la libertad ambulatoria, la integridad personal y el derecho a la protesta y movilización en defensa del agua", indicaron a través de un comunicado enviado en medio del debate de San Jorge.

Organizaciones piden garantías a quienes protesten contra San Jorge. Santiago Tagua/ElEditor Mendoza

En el texto difundido, indicaron que "las autoridades tienen la obligación de ejercer el Control de Convencionalidad Ex Officio sobre 'toda práctica contraria' al bloque constitucional y convencional de derechos humanos. Entre ellos deben aplicar el Acuerdo de Escazú de Protección de defensores y defensoras ambientales".

Las exigencias al Gobierno y la Justicia

"Se exige que se dejen sin efecto las amenazas concretas de restricciones anticipadas, como la limitación a un 'corralito' en Plaza Independencia y la aplicación de la flagrancia a quienes 'corten calles' y eviten discurso de odio y se abstengan de ordenar, ejecutar o promover prácticas ilegales de disciplinamiento, hostigamiento contra la población", expresaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) en el día de las y los defensores de derechos "hacen un llamado a los Estados para asegurar espacios cívicos abiertos y libres de amedrentamiento, a fin de garantizar y respetar los derechos humanos”.

"Las y los firmantes advierten que estas prácticas, junto con los antecedentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, comprometen la responsabilidad internacional del Estado y las y los funcionarios que dicten, ordenen, ejecuten protocolos inconvencionales y contrarios a los estándares de derechos humanos", marcaron.

Finalmente, indicaron que "las organizaciones firmantes continuarán recurriendo a todos los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para la protección de los derechos de las comunidades y defensoras/es del agua en Mendoza".