El Frente Verde presentó un proyecto para endurecer sanciones a deudores alimentarios en Mendoza. La propuesta busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, proteger los derechos de la niñez y visibilizar la responsabilidad parental. De la presentación participaron los candidatos.

La iniciativa establece que "el ingreso al registro se produzca con dos cuotas consecutivas impagas o cuatro alternadas, y plantea además la prohibición de ingreso a casinos, salas de juego, espectáculos deportivos y culturales para quienes figuren en el listado".

La presentación del Frente Verde fue en la Legislatura.

Mario Vadillo, candidato a diputado nacional, subrayó la necesidad de medidas más firmes. “San Rafael convive con problemas graves de incumplimiento en materia alimentaria y esto se repite en toda Mendoza. No alcanza con un registro simbólico. Si no hay sanciones concretas, el sistema solo genera frustración en las madres y en los niños afectados”, dijo.

Por su parte, Belén Bobba, candidata a diputada nacional en segundo término, destacó el trasfondo social del proyecto: “El incumplimiento alimentario no es sólo un conflicto entre adultos, es una vulneración directa a los derechos de los hijos e hijas. Con estas medidas buscamos visibilizar la responsabilidad parental y poner un límite claro a quienes eligen no cumplir”.

Deudores alimentarios sin ingreso a eventos

Otro de los puntos del proyecto apunta a "prohibir el acceso a actividades recreativas o de juego a quienes están en el REDAM". "No es una medida simbólica, es un mensaje claro: primero se cumple con los hijos e hijas y después con el resto de las obligaciones”, dijo Bobba.

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto, en tanto, apuntó a las deficiencias del sistema judicial: “Como abogado he visto de cerca cómo el fuero de familia no funciona bien. Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios no cumplen con su rol y los procesos terminan demorando lo que debería ser inmediato: garantizar alimentos y cuidado personal a los niños”.

Asimismo, recalcó: “Muchas veces el progenitor incumplidor queda sin sanción real, mientras la carga recae sobre el otro progenitor, casi siempre la madre. Este proyecto busca cortar con esa impunidad y dejar en claro que la obligación alimentaria no es opcional, es un derecho fundamental de la niñez”.