El Gobierno llamó a audiencia pública para tratar el impacto ambiental de 27 proyectos de cobre en Malargüe. Admitió que hay glaciares en la zona.
El arroyo Glaciar Azufre en Malargüe, cerca de la zona de la cordillera donde el Gobierno pretende avanzar con la exracción de cobre.
El Gobierno de Mendoza admitió que en la zona de Malargüe Distrito Minero 2 hay glaciares -como advirtió un lapidario informe de la UNCuyo y el propio IANIGLA- y frenó dos de los proyectos, pero ordenó seguir con otros 27. Al mismo tiempo, llamó a audiencia pública para el 12 de abril a las 9 en el Centro de Convenciones Thesaurus, en Malargüe.
La Justicia avaló tal accionar cuando rechazó la cautelar y un recurso de amparo colectivo interpuestos contra el avance de la exploración hasta tanto se determinara el daño que podría causar la perforación de pozos y remoción de grandes cantidades de tierra en la cordillera.
La jueza María Angélica Gamboa -cuyo nombramiento fue impulsado por el cornejismo en 2023- rechazó la cautelar hasta que se definieran los alcances ambientales y la afectación a glaciares que traerá la extracción de metales, lo cual implicó un revés para quienes advierten sobre las consecuencias de la megaminería metalífera en zona de reservorios de agua. El amparo, en tanto, sigue su camino.
Los proyectos rechazados son los denominados “Piedras Verdes” y “MEL”. Según el Gobierno, "Los técnicos advirtieron encuentran prácticamente ocupados por cuerpos de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)".
La UNCuyo advirtió a fines del año pasado que los glaciares y el ambiente periglaciar fueron ignorados en la segunda fase del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental. La universidad advirtió en su momento que, tal como está diseñada la avanzada de los proyectos, no cumplen Ley 26.639, también conocida como la Ley Nacional de Glaciares.
Para el ambiente periglacial, el informe indicaó que "se requiere que se establezca a través de IANIGLA las distancias concretas que delimiten estos ambientes antes del inicio de cualquier actividad, con objeto de cumplir con el art. 6 de la Ley 26.639 y así definir con mayor exactitud las áreas de cautela y amortiguación".
Es decir, el Gobierno aprobó la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental aún con las violaciones a la Ley de Glaciares. Luego, advertidos por el informe sectorial y las denuncias presentadas en la Justicia contra el avance de la extracción de cobre, el cornejismo frenó la audiencia pública, que ahora fue convocada para el 12 de abril, con la suspensión solo de dos proyectos.
“Esta decisión de la Autoridad Ambiental Minera coincide con los informes técnicos de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que había recomendado la no aprobación de estos dos proyectos en particular”, admitió el director de Minería, Jerónimo Shantal.
El próximo paso será el envío de todo el expediente a los organismos sectoriales a los fines de que analicen toda la información de los 27 proyectos y se manifiesten sobre las áreas de su competencia.
Entre los organismos se encuentran la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (Iadiza), el Ianigla, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación y las direcciones de Ganadería y de Planificación.