Contaminación.

El gobierno de Cornejo denunció al Sindicato de Petroleros Jerárquicos por el bloqueo a un yacimiento

-El gremio de Julián Matamala protestaba contra Petróleo Sudamericano por condiciones laborales.

-No denunció la petrolera sino el gobierno de Cornejo.

El Editor Mendoza | Javier Polvani
Por Javier Polvani
9 de marzo de 2026 - 16:20

El gobierno de Alfredo Cornejo denunció al Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo, liderado por Julián Matamala, por un bloqueo de un yacimiento, al que consideró responsable de impedir el ingreso de los expertos en remediación que debían intervenir ante un incidente operativo ocurrido en el campo petrolero.

La ministra de Energía, Minería y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra delegados del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo. La acusación surge a raíz de un bloqueo que habría impedido realizar tareas críticas de remediación tras un incidente operativo en el yacimiento Barrancas, ubicado en el departamento de Maipú.

La controversia se desató luego de que se reportara un evento ambiental en el área mencionada. Según la versión oficial, la empresa operadora Petróleo Sudamericano ( controlada por familia chaqueña Miedvietzky) notificó de inmediato el suceso a las autoridades y activó el plan de contingencia previsto por ley. Sin embargo, el avance de las cuadrillas se vio interrumpido.

La postura del Ejecutivo

En declaraciones que sacudieron el clima gremial, la ministra Jimena Latorre fue tajante al explicar los motivos de la denuncia. "Denunciamos a delegados gremiales por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento", señaló la funcionaria. Según el relato ministerial, la empresa informó que las medidas de fuerza del Sindicato de Jerárquicos bloqueaban el paso de la maquinaria necesaria para contener el impacto ambiental.

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Ante la gravedad del cuadro, intervino la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, cuyos inspectores constataron la imposibilidad de avanzar con los trabajos de remediación. "Se dio aviso a la fuerza pública, que se hizo presente en el lugar y actuó para que la empresa pudiera continuar con las tareas", detalló Latorre, subrayando que la prioridad del Estado provincial es la preservación del ecosistema por encima de cualquier conflicto de intereses sectoriales.

El descargo gremial

La respuesta desde el sector trabajador no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo desmintió las acusaciones y buscó desvincular temporalmente el incidente ambiental de sus reclamos sindicales.

El gremio precisó que el incidente en el área Barrancas ocurrió el pasado jueves 5 de marzo, mientras que la medida de acción directa comenzó recién el viernes 6 de marzo. "Por lo tanto, no existe relación entre el hecho y nuestra protesta", afirmaron. Para el sindicato, la denuncia penal es un intento de desviar la atención sobre las responsabilidades operativas de la firma Petróleo Sudamericano.

Asimismo, destacaron que el conflicto laboral está encuadrado legalmente bajo el expediente 2026-01551788 ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza. "La empresa no se presentó a la audiencia, quedando el sindicato en libertad de acción conforme a la normativa vigente", explicaron los representantes de los trabajadores, quienes además exigieron respeto para quienes "sostienen la producción energética de la provincia".

Escenario incierto

El choque entre el Gobierno de Mendoza y el Sindicato de Jerárquicos pone de manifiesto la fragilidad del equilibrio en la cuenca petrolera. Mientras la justicia investiga si hubo una obstrucción real a la protección ambiental —lo cual constituiría un delito de extrema gravedad—, el conflicto de fondo con Petróleo Sudamericano. sigue latente.

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Por ahora, las tareas de saneamiento en Maipú han sido retomadas bajo custodia policial, pero el clima en los yacimientos sigue siendo de máxima alerta. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro de las relaciones laborales en el sector, sino que también sentará un precedente sobre los límites del derecho a huelga frente a las emergencias ecológicas en Mendoza.

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