El Senado aprobó durante la madrugada de este viernes el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional y lo envió a la Cámara de Diputados. La iniciativa fue respaldada por 37 votos contra 33, aunque el oficialismo obtuvo un duro revés y debió retirar los capítulos que modificaban la ley de extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para asegurar los apoyos necesarios.
Tras más de diez horas de debate, el texto quedó reducido a cuatro capítulos centrados en acelerar los procesos de desalojo, modificar el régimen de expropiaciones y facilitar la regularización dominial de inmuebles rurales.
Uno de los principales ejes del proyecto es la implementación del juicio sumarísimo para los desalojos por usurpaciones y ocupaciones. Además, establece un plazo de 10 días hábiles para abandonar un inmueble cuando exista una deuda por alquileres.
El texto también permite que el propietario solicite la restitución inmediata del inmueble frente a ocupantes irregulares, mientras que, en los casos donde haya menores de edad o personas con discapacidad, obliga a la intervención de organismos de protección y prevé hasta diez días para garantizar una alternativa habitacional antes del desalojo.
La movilización frente al Congreso se desarrolló durante gran parte de la sesión y terminó con incidentes
En materia de expropiaciones, la iniciativa endurece los requisitos para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública. También limita las indemnizaciones al valor de mercado y a los daños directos, con restricciones para el reconocimiento del lucro cesante.
Otro de los puntos incorporados facilita la regularización dominial de inmuebles rurales para agricultores familiares mediante la ampliación de los alcances de la denominada Ley Pierri.
Para conseguir la mayoría necesaria, el Gobierno dejó fuera del proyecto dos de los apartados que habían generado mayor resistencia política.
El primero eliminaba las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, una propuesta que fue retirada luego de las críticas de bloques provinciales, organizaciones rurales y manifestaciones realizadas frente al Congreso.
Manifestantes se concentraron frente al Congreso para rechazar el proyecto de ley de propiedad privada
Posteriormente, también fue descartado el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, luego de que varios aliados provinciales anticiparan que no acompañarían esa reforma.
Con esas concesiones, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general por 37 votos contra 33 y enviarlo a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
Uno de los momentos políticos de la jornada se produjo antes del inicio del debate. El Senado resolvió enviar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los decretos firmados por la vicepresidenta Victoria Villarruel que habilitaban la participación remota de la mendocina Anabel Fernández Sagasti y del radical catamarqueño Flavio Fama, ambos con justificaciones médicas.
La senadora mendocina pidió autorización para votar a distancia por recomendación médica
La decisión fue impulsada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y recibió el acompañamiento de bloques dialoguistas e incluso del kirchnerismo, por considerar que autorizar el voto remoto sin un dictamen previo podía generar un precedente reglamentario sobre el funcionamiento de la Cámara. Como consecuencia, ninguno de los dos senadores pudo participar de la sesión ni emitir su voto.