Junto a la DIA de San Jorge ingresó a la Legislatura un paquete de leyes enviadas por Cornejo para avanzar en la minería a gran escala.
Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, ministra de Energía.
Foto: Gobierno de MendozaJunto a la DIA del Proyecto San Jorge, el Gobierno impulsó esta semana un paquete de leyes para impulsar el desarrollo de la minería a gran escala en Mendoza. El paquete de iniciativas incluye una nueva Ley de Regalías Mineras, la creación de un Fondo Compensador Ambiental y el avance de los distritos mineros de Malargüe II y III. Alfredo Cornejo aprovechó la Argentina Mining 2025 para presentar las nuevas leyes.
En ese marco, rodeado de empresarios del rubro, Cornejo aseguró: “Tengo fe en que Mendoza puede hacer minería de la mejor, con estándares ambientales altos y con capacidad de competir en el mundo. Podemos generar riqueza, elevar los salarios y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hay una ventana de oportunidades y no debemos dejarla pasar”.
La DIA del proyecto San Jorge, un expediente de más de seis mil hojas, incluye estudios técnicos realizados por múltiples organismos especializados. Cornejo subrayó que el tratamiento legislativo de esta DIA representa una garantía institucional para los inversores: “Aprobado por la Legislatura, venga el gobierno que venga, esa autorización no se modifica”, señaló en un giro sustancial respecto de 2011, cuando boicoteó la iniciativa, que en ese entonces impulsaba Francisco Pérez, candidato a la gobernación por el PJ.
El mandatario destacó ahora que la electromovilidad y la transición energética demandarán grandes cantidades de minerales críticos como el cobre, y que Mendoza tiene la oportunidad de producirlo con rapidez y en volumen. “Tenemos fe en que Mendoza puede hacer minería de la mejor, con estándares ambientales altos y capacidad de competir en el mundo”, afirmó.
El trámite fue despachado rápidamente a comisiones y se tratará desde la semana que viene.
La DIA del Proyecto San Jorge se discutirá en la Legislatura.
Junto a la DIA de San Jorge, el Gobierno también presentó las Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes a 27 nuevos proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II). Estos se suman a los 34 ya aprobados en MDMO I.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el carácter simbólico del momento y el trabajo articulado con municipios y organismos técnicos. La evaluación incluyó una audiencia pública de dos días en Malargüe, dictámenes de organismos provinciales, nacionales y académicos, y planes de manejo específicos para zonas por encima de los 2.600 metros de altura.
Además, se inició el proceso de evaluación de MDMO III, que contempla 71 proyectos distribuidos en 87 propiedades. Como en las etapas anteriores, se prevé una nueva audiencia pública y la intervención de organismos técnicos, con dictámenes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo.
En paralelo, el Ejecutivo provincial presentó el proyecto de Ley de Regalías Mineras. Mendoza no tenía una ley, aunque el Gobierno venía ejecutando rebaja de regalías por decreto desde que Cornejo asumió la primera gobernación.
La ley propone una distribución de los fondos entre la Provincia y los municipios que adhieran a la ley, con destino exclusivo a obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.
En cuanto a los mecanismos de control, se establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas trimestrales, verificaciones presenciales, auditorías documentales y sistemas digitales de trazabilidad que permitan seguir el recorrido del mineral desde su extracción hasta su comercialización. Además, se contemplan incentivos para proyectos que incorporen procesamiento local y cumplan con estándares ambientales y de inclusión social.
La cuarta propuesta que presentó Cornejo es la creación del Fondo de Compensación Ambiental, concebido para asegurar la respuesta inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas, aun cuando el responsable no esté identificado o sea insolvente. Este instrumento permitirá financiar acciones de restauración y fortalecer los mecanismos de monitoreo y participación comunitaria.
Según los fundamentos del proyecto, "la utilización del fondo no implica que los responsables queden impunes, sino que, también será función de los fondos, identificar al o los responsables y recuperar los costos de reparación".
EI Fondo, según el proyecto, "estará destinado a obras y acciones de cese, restauración y/o mitigación de perjuicios generados por un daño de incidencia colectiva, en los casos en que los responsables no puedan solventar la totalidad de las acciones necesarias,' ya sea porque los mismos son insolventes, o se trata de personas indeterminadas y/o por cualquier otra causa que impida una adecuada reparación del daño ambiental producido, y con el fin de evitar la propagación del daño en situaciones de emergencia que requieran una intervención urgente".