El diputado Gustavo Perret (PJ) presentó un proyecto para desfederalizar las causas de narcomenudeo. Por qué no se aplica en Mendoza.
Alejandro Gullé, jefe del Ministerio Público Fiscal.
La comisión Bicameral de Seguridad viene recibiendo en la Legislatura a distintos actores de la justicia y del Poder Ejecutivo. Temas como el narcomenudeo han agitado los discursos opositores como los del Partido Justicialista (PJ) y el diputado Gustavo Perret presentó un proyecto para que la provincia se involucre.
La iniciativa planteada por el legislador peronista plantea la adhesión al artículo 34 de la Ley Nacional N.º 23.737, modificado por la Ley N.º 26.052, lo que permitiría a la provincia intervenir en delitos vinculados a la venta minorista de estupefacientes. "En términos concretos, se busca actuar allí donde el impacto es más directo: los barrios, las cercanías de las escuelas, los espacios públicos y las zonas vulnerables que muchas veces enfrentan esta amenaza en soledad", indicó.
El proyecto, según describió Perret, apunta a fortalecer la capacidad del Estado provincial para actuar de forma más cercana, eficaz y responsable, con herramientas que trascienden lo declarativo y permiten una implementación concreta. También aclara que la adhesión a la normativa nacional estará condicionada a una transferencia real y efectiva de recursos por parte del Estado Nacional, garantizando que la provincia cuente con autonomía fiscal y operativa para asumir esta competencia.
Entre los principales ejes del proyecto se destacan: la creación de una Unidad Fiscal Especializada en narcomenudeo, bajo la órbita de la Fiscalía General; un despliegue progresivo y monitoreado, con mecanismos de evaluación y articulación interinstitucional; establecer criterios claros de priorización penal, con énfasis en casos que involucren armas, menores o proximidad a espacios públicos sensibles; también la conformación de una Agencia Provincial de Inteligencia Criminal, enfocada en la prevención y el análisis estratégico y la asignación de bienes decomisados en causas de drogas a programas de prevención y asistencia en consumos problemáticos.
La propuesta de Perret, hombre de confianza de los hermanos Emir y Omar Félix viene luego de una dura cruzada entre este último, que administra el municipio de San Rafael y el Gobierno provincial. El jefe comunal habló de narcotráfico en el sur y fue denunciado por funcionarios provinciales.
En el peronismo se envalentonaron con la exposición del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé: “La justicia federal no da abasto para investigar el narcomenudeo. La Provincia tiene que intervenir, pero con decisión y recursos”.
Consultado por El Editor, el jefe de los fiscales sostuvo los mismos argumentos y recordó que esta idea viene desde la era de Mauricio Macri. Su entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, había encarado la iniciativa que se topó con un coro de Procuradores negándose si no había recursos.
"Garavano nos pidió que desfederalicemos y le dijimos que si investigábamos materia federal, no alcanzaba con la estructura que tenemos. Y necesitamos mucha para encarar esas investigaciones", marcó.
El tema se volvió a reflotar con Javier Milei. La última visita del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona para la presentación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de la Jurisdicción Cuyo pidió que Mendoza siguiera los pasos de Santa Fe. Las declaraciones cayeron en saco roto porque en el Gobierno no querían saber nada en ese entonces. "No nos atrae, para nada, hacernos cargo de eso”, decían hace un año.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, también agregó que “cuando las provincias asumen el narcomenudeo, aumentan las investigaciones en lo local, obviamente porque suman una cartera nueva. Pero después, rápidamente, baja la investigación del narcomenudeo porque justamente esa justicia local es la misma que tiene a su cargo los delitos más de agenda. Es decir, robos y los delitos que la gente pide y entonces esos fiscales se abocan a eso”.
Si bien Perret asegura que en las próximas semanas comenzará el debate legislativo en comisiones, va a ser difícil que avance. Más aun cuando el propio fuero federal está reclamando recursos. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) apoyó el reclamo del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que el gobierno de Javier Milei aporte más recursos para la implementación del sistema acusatorio que el próximo 11 de agosto debuta en la justicia federal de Comodoro Py.