El Senado debate un ajuste que desguaza la ciencia y a más de 80 escuelas técnicas en Mendoza

Para una escuela técnica de San Rafael, General Alvear o Maipú, esto se traduce en la imposibilidad de renovar tornos CNC, laboratorios de química o insumos básicos para talleres, cuya actualización tecnológica depende casi exclusivamente de estos fondos nacionales administrados por el INET. Sin este piso legal, el financiamiento queda sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional, rompiendo la previsibilidad necesaria para planes de estudio de seis años.

Ciencia y Tecnología: Mendoza en el espejo del 1%

Otro punto crítico es el inciso "b" del polémico artículo, que busca derogar las metas de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta ley estipulaba que, para 2032, la inversión debía alcanzar el 1% del PBI. Para el año 2026, la meta legal era del 0,52%, pero el proyecto de Milei propone apenas un 0,14%.

Para Mendoza, que aspira a consolidar su Parque TIC y donde funcionan institutos de vanguardia del CONICET, el INTA y el INTI, este desfinanciamiento es un freno de mano.

Proyectos vinculados a la optimización del recurso hídrico, la lucha antigranizo con base científica y la vitivinicultura de precisión dependen de la estabilidad de estos fondos. Según el Grupo de Economía Política para la Ciencia (EPC), la caída real de la función ciencia respecto a 2023 supera el 48%, eliminando además la cláusula que prohibía que el presupuesto del área fuera inferior al del año anterior en términos absolutos.

El impacto en la industria de defensa

El inciso "d" del Artículo 30 avanza sobre el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Mendoza no solo alberga unidades militares clave, sino también una industria metalmecánica (con IMPSA a la cabeza y decenas de pymes proveedoras) que históricamente ha servido al sector defensa. La propuesta de Milei es derogar el aporte estatal obligatorio (que debía ser del 0,8% de los ingresos corrientes) y dejar el fondo librado a "donaciones o legados".

Este cambio desarticula cualquier posibilidad de contratos a largo plazo para la industria local. El reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que genera empleo técnico calificado en la provincia, quedará desguazado, privando a las empresas mendocinas de un cliente de peso y con capacidad de tracción tecnológica.

La educación obligatoria y el "techo del 6%"

Quizás la derogación más simbólica y de mayor alcance sea la del Artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que el presupuesto consolidado (Nación + Provincias) no puede ser inferior al 6% del PBI.

Aunque el Gobierno de Mendoza ha blindado su propio presupuesto educativo para 2026 con $1,5 billones, la retirada de la Nación de este piso legal deja a la provincia desamparada ante futuras crisis. Sin el paraguas de la ley nacional, la presión sobre el tesoro provincial para sostener infraestructura escolar —como las escuelas que Cornejo prometió terminar con fondos propios ante el retiro de la Nación— será asfixiante.

La provincia ya ha tenido que absorber costos de obras paralizadas, como la Escuela Técnica 4-123 Integración en San Carlos, que demandará una inversión provincial de $5.000 millones que originalmente correspondían a fondos nacionales.

¿Qué votarán los senadores mendocinos?

El escenario en el recinto es de paridad extrema. El interbloque "Popular", conducido por José Mayans, cuenta con 28 senadores y busca sumar aliados radicales y de bloques provinciales para alcanzar los 37 votos necesarios para hacer caer el Artículo 30.

Mientras Cornejo celebra el "déficit cero" nacional como un logro compartido y se muestra como el garante de la gobernabilidad de Milei, sus senadores deberán decidir si levantan la mano para convalidar la pérdida de derechos financieros que afectan directamente a la matriz productiva y educativa de su provincia. Una pista de lo que pueden votar Mariana Juri y Rodolfo Suarez, los senadores que responden a Cornejo, quizás sea el voto de los cornejistas Pamela Verasay y Lisandro Nieri en Diputados, quienes voitaron a favor de derogar el financiamieno universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad.

Si el artículo se aprueba, Mendoza perderá la herramienta jurídica para reclamar ante la Justicia por el incumplimiento de estas metas de inversión. El ajuste dejará de ser una medida excepcional de "shock" para convertirse en la norma institucional, bajo la premisa de que ya no hay un piso mínimo que proteger, sino solo recursos discrecionales sujetos al equilibrio fiscal de la Casa Rosada.

Los puntos críticos del proyecto de Presupuesto 2026

Resumidos por CEPA, estos son los puntos críticos del artículo 30 y el presupuesto que discutirá hoy el Senado:

• Recorte histórico a las escuelas técnicas: el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) cae 93% en términos reales en lo proyectado 2026 respecto de lo ejecutado en 2023.
• Vaciado deliberado del FoNETP: aunque sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó solo el 10,8% en 2025 y ejecutará apenas el 3,5% de lo que corresponde en 2026. En los hechos, lo elimina.
• Presupuesto 2026 busca derogar pilares clave: el artículo 30 del proyecto de presupuesto buscar eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta de 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología.
• Fuerte ajuste educativo general: la Función Educación y Cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.
• Universidades en crisis: el presupuesto universitario tiene una caída real de 33,8% frente a lo ejecutado en 2023.
• Gravedad institucional: el Ejecutivo suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario ya promulgada, un hecho abiertamente inconstitucional.
• Menos apoyo a estudiantes: las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.
• Ciencia y tecnología también desfinanciadas: el presupuesto del área cae 48,8% real respecto de lo ejecutado en 2023