Este lunes, el Boletín Oficial hizo público un fallo crucial que impacta el ámbito político y judicial: el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto las sanciones impuestas a Oscar Sandes, ex jefe de Vialidad Provincial, relacionadas con irregularidades en la “caja chica” del organismo. El funcionario había sido multado por el mismo Tribunal de Cuentas a devolver más de $5 millones.
Sandes condujo Vialidad Provincial bajo el mando de Alfredo Cornejo en su primera gobernación y de su sucesor Rodolfo Suarez, y presentó su renuncia tras las reiteradas denuncias de corrupción en el organismo por desvío de fondos de la caja chica hacia gastos que no se pudieron justificar como pertinentes al organismo y por los cuales fue condenado por el Tribunal de Cuentas.
Con dos resoluciones publicadas este lunes, el Gobierno oficializó el perdón para Sandes, cuyo accionar fue revelado originalmente por Los Andes.
En aquel momento, se había denunciado el uso discrecional de fondos públicos, los cuales incluían vales personales para combustible en vacaciones de funcionarios, compras de regalos particulares, préstamos y otras maniobras consideradas ilegales. Como resultado, el Tribunal de Cuentas exigió la devolución de aproximadamente cinco millones de pesos y apuntó como corresponsable al entonces titular de Vialidad, Sandes.
Para defenderse, Sandes Contrató a un equipo de siete abogados, entre ellos el exsubsecretario de Trabajo de Cornejo, Alejandro Jofré. Además, señaló como responsable a su ex gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, quien luego fue funcionaria del exintendente de Godoy Cruz Tadeo García Salazar. Posteriormente, Gallardo admitió su culpabilidad.
El caso escaló hasta la Corte Provincial, donde los jueces Pedro Llorente y María Teresa Day, de extracción radical, determinaron la arbitrariedad del fallo que sancionaba a Sandes. Los magistrados consideraron que la falsificación de la firma rompía el "nexo de causalidad" entre los hechos investigados y la conducta del ex titular de Vialidad. Así, anularon las multas y cargos en su contra, pero mantuvieron la responsabilidad patrimonial de los otros funcionarios involucrados, incluida Gallardo.
Este desenlace confirma lo resuelto por la Corte y exime a Sandes de las acusaciones de corrupción, marcando un precedente en los procedimientos del Tribunal de Cuentas y en la defensa de los derechos de los funcionarios públicos. Por ahora, las miradas se concentran en el impacto político y las consecuencias judiciales para los restantes responsables.
