Milei no promulga la Emergencia en Discapacidad ni actualiza el nomenclador. En Mendoza habrá reclamo en las calles junto a la UNCuyo.
La Emergencia en Discapacidad es ley, pero Milei no la promulga.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaReferentes de las personas con discapacidad en Mendoza exigen que se promulgue y reglamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso y el Gobierno está obligado a cumplir. Para insistir en este reclamo se sumarán esta tarde a la Marcha Federal Universitaria que recorrerá las calles de la Capital desde el campus universitario.
"Exigimos la promulgación de la Ley de emergencia en discapacidad y su inmediata aplicación. Los derechos humanos de las personas con discapacidad están por encima de cualquier presupuesto", señaló al respecto el Observatorio de la Discapacidad, incitando a la marcha.
Miles de personas con discapacidad fueron sometidas en Mendoza a una auditoría para evaluar si correspondía pagarles las pensiones por invalidez, de poco más de 200 mil pesos. Desde enero tuvieron que ingresar a un complejo laberinto de trámites que los mantuvo en un limbo sin resolución.
En medio de ese proceso, estalló el escándalo de la trama de coimas que la hermana del presidente, Karina Milei, tejió con droguerías proveedoras de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Con el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en pleno desarrollo, organismos y organizaciones de personas con discapacidad de Mendoza exigieron que se frene de inmediato la auditoría de pensiones no contributivas y anticipan una denuncia penal por la quita de ayudas al sector. En medio de una escalada de reclamos en todo el país, referentes locales advierten que las medidas impulsadas por la ANDIS vulneran derechos adquiridos y profundizan la exclusión de personas con discapacidad.
Mientras tanto, la Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, durante la actual gestión de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.
Según fuentes judiciales, desde comienzos de 2024 hasta la fecha se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en total representarían más de 55.000 millones de pesos. La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería Suizo Argentina, controlada históricamente por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.
El fiscal Picardi trabaja en dos líneas:
1. Posibles irregularidades en las contrataciones públicas: adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado.
2. Un circuito paralelo de sobornos: pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con el Estado.
Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.
La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y Eduardo Kovalivker, señalado como facilitador de las operaciones sospechadas. Todos ellos fueron acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
En el expediente constan además los audios filtrados de Spagnuolo que originaron la causa, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.